El Ejecutivo comunitario pide a los Estados miembros que endurezcan las sanciones para disuadir a los infractores
BRUSELAS, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
España fue en 2005 el segundo país de la UE con un mayor número de infracciones graves -el 29% del total, sólo por detrás de Italia- a la política pesquera comunitaria, que consistieron fundamentalmente en la pesca no autorizada y la venta de productos pesqueros que no cumplen las normas de comercialización. Sin embargo, únicamente se retiró una licencia y el importe medio de las multas a los infractores se limitó a 1.722 euros. En total, el sector pesquero español pagó 5,2 millones de euros en multas, el 1,26% del valor de los desembarques, según un informe difundido hoy por la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario criticó que las sanciones que aplican los Estados miembros "son aún demasiado bajas para disuadir eficazmente a quienes están dispuestos a infringir las normas" y exigió un endurecimiento de las penas para evitar la proliferación de la pesca ilegal. "Si no trabajamos todos juntos para erradicar las actividades ilegales de una minoría, la pesca ilegal seguirá prosperando mientras empeora el sector en su conjunto", dijo el comisario de Pesca, Joe Borg, en un comunicado.
El número total de infracciones graves de pesca comunicadas por los países de la UE a la Comisión se elevó en 2005 a 10.443, cifra que representa un aumento del 8,11% respecto a 2004 y confirma la "tendencia al alza del número de infracciones detectadas" en los últimos años. No obstante, el Ejecutivo comunitario precisó que hay que tener en cuenta los efectos de la ampliación de la UE, ya que en 2005 se detectaron 783 casos más pero la flota de la UE amentó en 5.697 buques.
España, Italia y Portugal acaparan el 74% de las infracciones, lo que en buena medida se explica también porque son los Estados miembros con un mayor número de barcos. Las faltas más frecuentes corresponden a actividades de pesca no autorizadas (23%), almacenamiento y venta de productos que no cumplen las normas (17%) y pesca sin licencia (15%). Destaca que en 2005, el número de casos de manipulación del sistema de localización de buques casi se duplicó en comparación con los años anteriores.
En total, hubo más de 8.600 procedimientos que finalizaron con sanciones, cuyo importe medio se situó en 1.548 euros, menos de la mitad de la multa media en el año 2003. Ello significa que el importe pagado por la industria pesquera como consecuencia de las sanciones impuestas en 2005 (10,8 millones de euros) resulta "bastante insignificante", ya que sólo representa el 0,17% del valor de los desembarques en 2004. Además, sólo Dinamarca y Grecia retiraron la licencia en más del 10% de los casos de infracción sancionados, mientras que España y Francia sólo comunicaron 1 y 8 retiradas, respectivamente.
En el caso de España, el número de incumplimientos graves comunicados a Bruselas se situó en 3.044 (el 29% del total), frente a los 3.409 casos constatados en Italia (33%) o los 1.226 que se detectaron en Portugal (12%). La mayoría de los casos españoles se refieren a pesca sin licencia (724), pesca no autorizada (612), y almacenamiento y venta de productos que incumplen las normas de comercialización (538).
También destacan los incumplimientos de las normas sobre tamaño mínimo (368), la falsificación o ausencia de registros (256), la utilización de métodos de pesca prohibidos (116), el desembarco de productos que incumplen las normas de lucha contra el fraude (115) y la obstrucción del trabajo de los inspectores (103).
Todas las infracciones graves detectadas en España acabaron en sanción, cuyo importe medio se situó en 1.722 euros. Las multas más altas se aplicaron a los casos de almacenamiento y venta de productos pesqueros que no cumplen las normas de comercialización (2.819 euros), a los incumplimientos de los tamaños mínimos de los peces (2.433), y a la obstrucción de las labores de los inspectores (2.241). La única retirada de licencia se aplicó precisamente a un caso de vulneración de los tamaños mínimos.
En todo caso, la Comisión destacó en el capítulo de mejoras que España adoptó en 2005 una norma administrativa que establece "criterios precisos para la imposición de sanciones administrativas en caso de infracción de las disposiciones vigentes en el sector pesquero".
SIN AVANCES
"La situación registrada en 2005 no supuso en realidad mejora alguna con relación a la del año anterior", señala el informe de Bruselas. "Lo que resulta especialmente preocupante es que el inadecuado nivel de las sanciones impuestas en la mayoría de los gastos detectados y la escasa probabilidad de que los infractores sean descubiertos y perseguidos por las autoridades de control lleguen a convencer a los pescadores de que los beneficios económicos que pueden obtener de la infracción superan con creces los riesgos corridos", añade.
Por este motivo, el Ejecutivo comunitario pide a los Estados miembros que "garanticen un sistema de sanciones que tenga un efecto disuasorio real y modifiquen con este fin, si es necesario, su legislación nacional". Para ello propone, como regla general que las autoridades nacionales "tengan en cuenta el valor de las capturas a bordo en el momento de calcular el importe de las sanciones".
Bruselas insiste además que la suspensión o retirada de la licencia "es un instrumento muy efectivo" para reforzar el cumplimiento de las disposiciones de la política pesquera común porque puede aplicarse con gran rapidez y tiene efectos inmediatos. "Es lamentable que la mayoría de los Estados miembros no haga todavía uso de ella, al menos en aquellos casos en que la gravedad de la infracción cometida justifique la apertura de un procedimiento penal".
