PP, PSOE e IU condenan los insultos que sufrieron los eurodiputados de la comisión de Peticiones en la Comunidad Valenciana
BRUSELAS, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que en los últimos años se han extendido por numerosas localidades por medio de planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los principales perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones.
Éstas son, en general, la conclusiones del informe elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo pasados Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades.
Afirma que "la aplicación de las leyes urbanísticas sigue siendo problemática en muchas regiones autónomas españolas", donde se detectan "presiones para comprometerse en masivos desarrollos urbanos". El informe puntualiza, no obstante, que "ayuntamientos y gobiernos regionales responden en varios grados, desde un compromiso leal con su comunidad local hasta a la aceptación pasiva y a menudo activa de los planes de los urbanizadores". Estas diferencias se reflejan, añade, en las distintas "leyes regionales".
El presidente de la comisión de Peticiones, el conservador polaco Marcin Libicki, y uno de sus vicepresidentes, el socialista británico Michael Cashman, firman un documento con las conclusiones de su visita a Almería, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.
En principio, iba a ser debatido por los grupos este martes en la comisión de Petiociones, pero la discusión quedó aplazada hasta el próximo mes de abril por problemas de traducción.
No obstante, sí hubo tiempo para que interviniera un representante de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea, que manifestó que "tenemos muchísimo interés" por sus conclusiones para "ver en qué medida puede haber elementos que interesan para nuestro procedimiento" abierto contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
El representante de la Comisión afirmó, sin embargo, que los elementos que se analizan en el urbanismo español exceden a las competencias de la Dirección General de Mercado Interior, encargada de analizar, por ejemplo, las políticas de contratación pública.
En ausencia de debate sobre el contenido del informe de Libicki y Cashman, la discusión se centró en los "insultos" que el socialista británico denunció haber recibido durante la visita a la Comunidad Valenciana. "Desafortunadamente, hubo intentos de atacar su integridad (de Libicki) y la mía", dijo Cashman en alusión a "conferencias de prensa en la región de Valencia" por parte de "miembros de esta Cámara" que, dijo, "participaron en una campaña de difamación sobre nuestras vidas privadas y nuestra integridad pública".
Denunció las acusaciones que se vertieron contra ellos "diciendo que teníamos intereses encubiertos, que representábamos a grupos de presión" y añadió que "lo interesante es que hay una gran diferencia entre la manera en que se nos recibió en Valencia por parte del ministro competente (en alusión al consejero de Territorio, Esteban González Pons) y la falta de cooperación que vimos allí y el gran grado de cooperación que vimos cuando nos reunimos con el ministro responsable en Madrid (el consejero de Presidencia, Francisco Granados)".
Estas declaraciones desencadenaron la reacción de todos los grupos políticos, que condenaron los insultos que pudieran haber recibido los eurodiputados en su visita a la Comunidad Valenciana.
El primero en referirse a esto fue el eurodiputado del PP Luis Herrero que hizo constar "la repulsa más enérgica del PP a cualquier maltrato, insinuación o afrenta de la vida privada o de la condición parlamentaria de los miembros de esta delegación", unas manifestaciones a las que Cashman reaccionó negando con la cabeza las disculpas demandadas.
"Yo le estoy pidiendo humildemente perdón en nombre de las personas que le hayan podido maltratar, creo que es un gesto, que el PP pide disculpas si es que alguien le ha maltratado y no defendemos este tipo de comportamientos", insistió Herrero.
Su compañera de partido, Cristina Gutiérrez-Cortino, se adhirió a esta condena, aunque puntualizando que "en la gramática española la palabra electoralista, ni partidista ni oportunista son insultos". "Esto no es insulto en gramática ninguna", insistió antes de recomendar "analizar lo que es insulto y lo que no lo es".
Por el PSOE, Carlos Carnero manifestó su "plena solidaridad" a los eurodiputados y pidió que en el debate del informe de Cashman y Libicki se adjunten los recortes de prensa y transcripciones de las televisiones y radios con declaraciones de "los gobiernos regionales de Madrid y Valencia en términos absolutamente inaceptables".
En representación de IU, Willy Meyer "reprobó la conducta de las personas que se han dirigido de manera indecorosa a los miembros de la delegación", mientras que David Hammerstein, por Los Verdes, condenó "la falta de facilidades, los insultos y la falta de respeto por parte de las autoridades valencianas". Al margen de esta polémica, el informe que debatirá la comisión de Peticiones el mes que viene afirma que las autoridades provinciales de Almería "reconocieron" que "un número de autoridades municipales han actuado incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales".
La visita a la Comunidad Valenciana fue la que pasó por más municipios y la más insatisfactoria en relación a la actitud de sus autoridades, según se desprende del informe, que apunta a que se trata de la tercera visita a la región, donde "las autoridades no han cumplido los compromisos que dieron a previas delegaciones".
El texto indica que "de los 540 municipios en la Comunidad Valenciana, alrededor de un 15-20% concentradas esencialmente en la costa, han experimentado serios problemas de la urbanización extensiva, muchos de los cuales han incluido denuncias de corrupción en los últimos años".
También evalúa el comportamiento de los representantes de la Generalitat valenciana y cómo recibieron a Cashma y Libicki, así como la "dificultad para organizar" la reunión con el conseller de Territorio, Esteban González Pons, un día después de que "dos eurodiputados y representantes de la comunidad empresarial atacaran a la delegación y a sus miembros de manera individual".
Añadieron que González Pons "se negó a reconocer que hay problemas con los programas de urbanización y si los hubiere, mantuvo que deberían resolverse en los tribunales".
En la Comunidad de Madrid, la visita se centró en Galapagar y Torrelodones, donde también se hicieron "serios comentarios sobre los desarrollos en localidades vecinos como El Escorial". Las principales son "el tamaño de los programas y su impacto en localidades vecinas, en las aves en peligro, la falta de un tratamiento de agua apropiado y los efectos sobre el tejido social" de la región.
La reunión con el consejero de la Presidencia, Francisco Granados, fue "superficial" aunque "útil", pero "la delegación se mostró satisfecha con las explicaciones, en contraste con el enfoque que adoptaron las autoridades valencianas con las que se encontraron".
