España es uno de los Estados miembros peor situados por la falta de reformas
BRUSELAS, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los sistemas de pensiones de la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea corren un "considerable riesgo" de bancarrota como consecuencia del envejecimiento de la población, que reducirá la población activa y obligará a un fuerte aumento del gasto público, según alerta un informe elaborado conjuntamente por la Comisión y el Comité de Política Económica, donde están representados los Veinticinco.
El estudio, que calcula cuánto aumentará el gasto público en cada uno de los Estados miembros entre 2004 y 2050 como consecuencia del envejecimiento de la población, será debatido por los ministros de Economía de la UE en su reunión del próximo 14 de febrero. España es uno de los países donde está previsto que aumente más el gasto en pensiones, un 7,1% del PIB durante el periodo.
En el conjunto de la UE, el informe prevé que la población en edad de trabajar (de 15 a 64) caiga en 48 millones de personas (16%) entre 2004 y 2050, mientras que el número de jubilados aumentará en 58 millones (77%) como consecuencia de la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Europa pasará de tener 4 a sólo 2 personas en edad de trabajar por cada jubilado.
Pese al aumento de la tasa de empleo del 63% en 2003 al 70% en 2020, gracias a la mayor incorporación de mujeres al mercado de trabajo, el número de trabajadores aumentará en 20 millones entre 2004 y 2017, y luego se contraerá en 30 millones hasta 2050. Ello actuará como un "lastre" para el crecimiento potencial de la UE, que caerá del 2,2% al 1,3% al final del periodo.
El impacto fiscal del envejecimiento de la población será "sustancial" en casi todos los Estados miembros, y sus efectos se acelerarán a partir de 2010. Si se mantienen las actuales políticas, el gasto público en los Veinticinco relacionado con el envejecimiento aumentará 4 puntos del PIB en 2050.
El gasto en pensiones varía mucho entre los Estados miembros. En nueve países aumentará más de cinco puntos, lo que demuestra, según el estudio, que las reformas han sido "insuficientes". En contraste, decrece en Polonia, Estonia, Letonia y Reino Unido y se mantiene estable en Lituania y Eslovaquia por el paso de un sistema de pensiones público a otro semiprivatizado. Las inversiones en sanidad aumentarán de media un 1,5%, y las de atenciones a largo plazo entre el 0,5% y el 1%.
"Los importantes incrementos proyectados cuestionan la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones, por ejemplo en Hungría (+6,7% del PIB entre 2004 y 2050), España (7,1%), Eslovenia (7,3%), Luxemburgo (7,4%), Portugal (9,7%) y Chipre (12,9%)", subraya el informe.
El gasto sanitario aumentará en el caso español un 1,2% del PIB en 2030 y un 2,2% en 2050, mientras que las inversiones en el cuidado de las personas mayores subirán un 0,2% en 2050. Estos incrementos se verán contrarrestados, aunque sólo en parte, por un recorte del 0,4% en los beneficios por desempleo, y del 0,6% en las inversiones en educación, por la reducción de la tasa de natalidad.
Sumando todas las variables, el gasto público relacionado con el envejecimiento de la población subirá en España un 3,3% del PIB en 2030 y un 8,5% en 2050.
MÁS REFORMAS
Los ministros de Economía constatarán el próximo martes que existen "riesgos sustanciales" a la sostenibilidad de las finanzas públicas en los Estados miembros, y apuntarán que todavía existe una "oportunidad" para tomar medidas correctoras, según el proyecto de conclusiones que se van a adoptar.
Estas medidas pasarían por aplicar más reformas estructurales dirigidas a aumentar la creación de empleo y la participación en el mercado laboral, reducir los incentivos para las jubilaciones antes de los 65 años y para reforzar la productividad.
Asimismo, se reclama a los Estados miembros que reduzcan la deuda pública más rápidamente y que reformen sus sistemas de pensiones, de sanidad y de atención a los mayores. En aquellos países que optan por las pensiones privadas, se recomienda que se establezcan mecanismos de vigilancia para evitar riesgos de impago.
El Ecofin encargará a la Comisión que presente un informe detallado sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a finales de 2006.
