BRAGA, 18 Ene. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Beatriz Fernández) -
La Asociación de Profesionales de la Salud Españoles en Portugal (APSEP) pidió hoy a los jefes de Gobierno de España y Portugal, José Luis Rodríguez Zapatero y José Sócrates, que busquen una solución para aquellos trabajadores que siguen residiendo en España pero tienen sus empleos en el país vecino, cuyas autoridades les obligan a cambiar las matrículas españolas de sus vehículos a portuguesas.
El presidente de la asociación, Xoan Gómez, vecino de Tui que trabaja en un hospital portugués, denunció en rueda de prensa la situación que sufre desde hace casi dos años este colectivo, ya que, si aceptan cambiar la matrícula, además de asumir un coste mayor, cuando regresen con su vehículo a España, su lugar de residencia, estarán circulando "ilegalmente".
Hasta el año pasado, la ley portuguesa sólo reconocía como trabajadores transfronterizos a aquellos residentes españoles que trabajaban en territorios portugueses pegados a la frontera, pero el pasado 31 de diciembre, y tras la contestación social contra esta legislación, modificó la norma para reconocer como trabajadores transfronterizos a aquellos españoles que tienen sus empleos en localidades portuguesas que no disten más de 60 kilómetros de la frontera.
Sin embargo, para la APSEP este cambio no es suficiente. Según explicó a Europa Press el abogado de la asociación, Antonio Viñal, la legislación comunitaria actual no tiene en cuenta el número de kilómetros entre la localidad de trabajo y la de residencia para considerar a un trabajador transfronterizo o no, sino que considera que es transfronterizo "aquel profesional que regresa a diario a su país de origen o al menos una vez a la semana".
Además, aunque se les reconozca como trabajadores transfronterizos, las autoridades portuguesas les exigen unos requisitos para poder circular libremente, como que no posean ninguna propiedad en Portugal y se comprometan a no adquirirla en un futuro.
Por el momento, y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades española y portuguesa, la APSEP interpuso a finales de año una demanda ante el Tribunal Administrativo de Lisboa. La APSEP, que representa a gran parte de los 3.000 médicos y enfermeros españoles que trabajan en Portugal (de un total de 14.000 profesionales españoles en ese país), denunció asimismo que la Policía portuguesa ha "intensificado las detenciones, multas, incautación de documentación e inmovilizaciones de vehículos" en virtud de la mencionada ley, la número 22-A/2007.
Según los datos que manejan, en la actualidad las autoridades portuguesas tienen 60 vehículos de españoles inmovilizados. Coincidiendo con la entrevista que hoy mantendrán con motivo de la Cumbre luso española Zapatero y Sócrates en Braga, la asociación --que les ha enviado una carta a ambos sin que por ahora haya recibido respuesta-- les pide que "tomen las decisiones oportunas" para "eliminar toda esta serie de trabas provocadas por una ley absurba y totalmente obsoleta".
De otro lado, Gómez señaló que los trabajadores portugueses que siguen residiendo en su país, pero desempeñan su empleo en España no se encuentran con una situación similar. Según la APSEP, esta disparidad "sólo podrá desaparecer cuando se tomen las medidas políticas adecuadas por parte de Sócrates y Zapatero".
