Denuncia los acuerdos que mantiene la Unión con Libia sobre "control de fronteras" y sobre "readmisión" de personas "de terceros países"
LONDRES, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que países como Libia y Malta violan sus obligaciones internacionales con los inmigrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo que huyen de la persecución y lamentó que la Unión Europea haga la "vista gorda" frente a las violaciones de los Derechos Humanos de estos sectores vulnerables.
Concretamente, AI denunció los acuerdos para el "control de fronteras" y para la "readmisión" de personas procedentes de "terceros países" que mantiene la Unión Europea con Trípoli a pesar de que Libia no es firmante de la Convención sobre Refugiados de la ONU y de los largos periodos de reclusión y de las torturas que sufren en este país los inmigrantes y solicitantes de asilo.
La organización de Derechos Humanos presentó este martes su informe sobre la situación de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en Libia y Malta, en el que se denuncian tanto la grave situación de las personas que intentan llegar a la Unión Europea (UE), "muchas de ellas en busca de refugio y protección", como los abusos contra los Derechos Humanos a los que se enfrentan en estos dos países del Mediterráneo.
"En Libia, los ciudadanos y ciudadanas extranjeros, incluidos los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, son particularmente vulnerables y viven bajo el temor constante de ser detenidos y recluidos durante periodos extensos y de sufrir torturas o cualquier otra forma de abusos", denunció el director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, Malcolm Smart. "Además, muchos temen ser devueltos a sus países de origen sin importar el riesgo real que corren en ellos de sufrir persecución", añadió.
Según las autoridades libias, hay más de tres millones de "migrantes irregulares" en Libia, muchos de otras regiones de África. Sin embargo, según AI, los libios "insisten en que no hay ningún refugiado entre ellos". Por ejemplo, según la organización, decenas de miles de somalíes "abandonan Somalia cada año y llevan a cabo largos y peligrosos viajes a través de países como Libia para escapar del conflicto que hace estragos en su país desde 1991". Muchos gastan todos sus ahorros en emprender arriesgados viajes a través del Mediterráneo, añade AI.
Los refugiados y solicitantes de asilo, según Amnistía, "viven en un limbo legal en Libia, a pesar de su necesidad de recibir protección". Libia no es firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas (ONU) de 1951 y carece de un sistema de concesión de asilo.
Aparte, este pasado mes de noviembre, el Gobierno rechazó públicamente las recomendaciones para que Libia ratificara la Convención de 1951 y firmara un memorando de entendimiento con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para que este organismo pudiera asistir a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en dicho país.
"Las personas solicitantes de asilo y refugiadas en Libia no tienen a quién acudir en busca de ayuda y se han vuelto aún más vulnerables desde que las autoridades ordenaron al ACNUR suspender sus actividades, el pasado junio", advirtió Smart.
"Lo menos que deberían hacer las autoridades libias es proteger a quienes huyen de la persecución y el conflicto contra las detenciones, la violencia y los abusos, y garantizar que no se les devuelva a lugares donde corren riesgo real de sufrir persecución o daños graves", manifestó.
Aparte, el informe denuncia que los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes sufren tortura y abusos de forma sistemática en Libia. "Con frecuencia los guardias de prisiones pegan puñetazos a las personas detenidas o las golpean con barras de metal o porras y quienes se quejan de las condiciones de detención o solicitan asistencia médica se enfrentan a agresiones u otra clase de castigos", denunció AI.
A pesar de esto, recordó la organización, la Comisión Europea firmó el pasado mes de octubre un "acuerdo de cooperación" con las autoridades libias sobre la "gestión de los flujos migratorios" y el "control de fronteras" válido hasta 2013, por el que la UE pagará a Libia 50 millones de euros.
Asimismo, la UE y Libia están negociando un "acuerdo marco" más amplio que permita la "readmisión" en el país africano de ciudadanos y ciudadanas de "terceros países" que hayan entrado a la UE después de haber pasado por territorio libio.
"Los Derechos Humanos y el reparto de responsabilidad, los principios básicos de protección internacional, deben constituir la esencia de la cooperación entre la UE y Libia", señaló Malcolm Smart. "La UE y sus Estados miembros no deben hacer la vista gorda frente a las violaciones continuadas de Derechos Humanos en este país cuando busquen su cooperación para detener el flujo de personas que llegan a la UE desde África", advirtió.
MALTA
Por otra parte, se calcula que unas 13.000 personas llegaron en barco a Malta desde Libia entre 2002 y mayo de 2009. Sin embargo, "Malta no es el refugio seguro que esperaban encontrar", según AI. Conforme a la ley maltesa, todas las personas que lleguen al país, incluidas las que solicitan asilo, son susceptibles de ser consideradas "inmigrantes prohibidos" y se enfrentan a la detención preceptiva de duración indeterminada: en la práctica, de hasta 18 meses.
"La situación geográfica de Malta supone que tenga que enfrentar grandes y variados flujos de migrantes irregulares y solicitantes de asilo, lo que claramente representa un reto considerable", recordó Smart. "No obstante, esto no exime a Malta de sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y regional de los refugiados y de los Derechos Humanos, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos", advirtió.
"Las autoridades maltesas deben garantizar que las operaciones de búsqueda y rescate no acarreen la devolución forzosa o el traslado de personas ya de por sí vulnerables a Libia u otros Estados donde se expondrían a un riesgo real de violaciones graves de sus Derechos Humanos", concluyó.
