SABADELL (BARCELONA), 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La defensa del exconcejal de Sabadell y exmilitante del PP Jordi Soriano detenido dentro de la trama de corrupción urbanística vinculada al Ayuntamiento de Sabadell prevé que su cliente no declare al desconocer exactamente qué hechos se les imputan, aunque sí ha confirmado que le atribuyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias y denuncia falsa.
En declaraciones a los periodistas, el abogado Antoni Gassó ha explicado que, al estar la causa bajo secreto de sumario e ignorar qué pruebas pueden tener en su contra, previsiblemente decidan no declarar ante el juez, como tampoco lo hicieron ante los Mossos d'Esquadra.
Jordi Soriano ha estado detenido en la comisaría de Cerdanyola, y los detenidos han estado separados por grupos en diferentes comisarías del Vallès, según fuentes judiciales, para evitar que se comuniquen entre ellos.
Según el abogado de Soriano, su cliente --que tiene 60 años-- no tenía ninguna empresa de construcción ni gestoría, y solamente es "pensionista", además de que dejó sus responsabilidades como concejal en mayo de 2010.
Ha resaltado que Soriano cuando era cargo electo en Sabadell nunca tuvo ninguna responsabilidad en Urbanismo y siempre estuvo en la oposición, aunque no ha entrado a valorar por qué favoreció muchas decisiones del alcalde de Sabadell, el socialista Manuel Bustos, uno de los motivos por el que al parecer fue expulsado del partido.
Los Mossos le detuvieron este martes dentro del macroperativo Mercurio, junto con otras 11 personas, y registraron su vivienda y una casa que tiene en Cerdeña.
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell ya ha dejado en libertad con cargos a cinco de los 12 detenidos que está previsto que este viernes declaren, han informado fuentes judiciales.
Entre ellos está la exconcejal en Castellar del Vallès (Barcelona) y exmilitante del PP Sandra Roig, a la que imputan un delito contra la administración pública y que ya ha podido irse de los juzgados tras declarar.
Otros de los que han quedado en libertad son el constructor Isidoro A.N. y otro detenido, Eusebio R.F., imputados por delitos contra la administración pública.
También han declarado un trabajadora de una empresa de construcción, Eva R.M., que ha quedado en libertad con cargos de soborno y falsedad documental, y un arquitecto técnico de una constructora, Enrique V.F., con cargos de falsedad documental y contra las administraciones públicas.
