Detienen a dos activistas bajo la ley antiterrorista que se utilizó contra los Tigres Tamiles

Actualizado: lunes, 17 marzo 2014 19:52

COLOMBO, 17 Mar. (Reuters/EP) -

Las autoridades ceilandesas han detenido a dos activistas defensores de los Derechos Humanos en el norte del país empleando la misma ley antiterrorista que utilizaron para combatir a los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) en la última fase de la guerra civil.

El asesor de Derechos Humanos Ruki Fernando y el pastor y director de ONG Praveen Mahesahn han sido arrestados bajo la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), que concede a las fuerzas de seguridad ceilandesas amplias garantías para detener y arrestar sospechosos.

El portavoz del Ejército, Ruwan Wanigasooriya, ha explicado en declaraciones a Reuters que la Policía mantiene a los activistas bajo custodia para ser interrogados "por haber visitado algún lugar de naturaleza sospechosa".

Wanigasooriya, que ha precisado que las autoridades han detenido a los activistas bajo la PTA, hace referencia a la zona norte del país, donde numerosas organizaciones han denunciado que se cometieron atrocidades en el marco del fin de la guerra civil.

Los residentes de la zona en la que fueron detenidos han relatado que los dos hombres habían estado buscando información sobre las circunstancias de la detención hace una semana de una mujer de la etnia tamil en la ciudad de Kilinochchi, anterior capital rebelde.

Además, fuentes militares y policiales han precisado que tanto los activistas como la mujer detenida, Balendran Jayakumari, de 50 años de edad, han sido detenidos por ser sospechosos de intentar reanudar los derrocados LTTE.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el acoso e intimidación que han sufrido los distintos grupos e individuos que han intentado reunirse con ella.

El arresto de estos dos activistas ha tenido lugar en el marco de la creciente presión internacional al Gobierno ceilandés para que afronte las acusaciones sobre la muerte de decenas de miles de civiles a manos del Ejército durante las últimas semanas del conflicto. Además, numerosos ciudadanos continúan desaparecidos.