10 de diciembre de 2019
19 de noviembre de 2019

Diputados opositores lanzan una acusación constitucional contra Piñera que podría llevar a su cese

Diputados opositores lanzan una acusación constitucional contra Piñera que podría llevar a su cese
El presidente de Chile, Sebastián Piñera - AGENCIA UNO / SEBASTIAN BELTRAN GAETE

SANTIAGO, 19 Nov. (Agencia Uno/EP) -

Un grupo de diputados opositores han lanzado este martes una acusación constitucional contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por las "graves" violaciones de los Derechos Humanos a manos de "agentes del Estado" que se han producido durante la ola de protestas contra el Gobierno, desatando un proceso que podría concluir con su cese.

La acusación constitucional, que lleva semanas planeando sobre Piñera, está firmada por diez diputados, incluida la antigua líder estudiantil Camila Vallejo, el número mínimo para iniciar el proceso.

La representante comunista, Carmen Hertz, una de las firmantes, ha explicado que la acusación constitucional obedece a "las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales a las personas, ejecutadas por agentes del Estado en el último mes". "Esta situación ha infringido claramente la Constitución y las leyes y así lo señalamos en un argumento sólido", ha defendido.

Hertz ha considerado que "no es posible que en este país se siga con la impunidad política, la impunidad moral, la impunidad social, que ha sido parte muy importante de la detonación de las manifestaciones sociales".

Por su parte, Jaime Naranjo, del Partido Socialista, ha esgrimido que incluso aunque la acusación constitucional no salga adelante es necesaria porque "está notificando que nunca más se podrán cometer violaciones a los Derechos Humanos" en Chile.

Para que prospere, la acusación constitucional requiere mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y dos terceras partes en el Senado. Hasta ahora, solo tres presidentes han sido sometidos a un 'impeachment' en Chile, Manuel Montt en 1868, que ganó; Carlos Ibáñez del Campo en 1931, que fue cesado; y Arturo Alessandri en 1939, cuyo proceso naufragó antes de concluir.

La acusación constitucional solo se puede lanzar contra ciertos altos cargos del Estado, entre ellos el presidente, por "abuso o desviación de poder, infracciones constitucionales y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones". En el caso de ser aprobada, implica la destitución inmediata, pudiendo conllevar una inhabilitación para ejercer cargos públicos. También puede precipitar un proceso civil o penal.

Las protestas en Chile estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses pero escalaron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y exigir un cambios constitucional. Unas 20 personas han muerto por la represión de las manifestaciones contra el Gobierno, entre ellas cinco de las que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha acusado a las fuerzas de seguridad.

Piñera, que reaccionó inicialmente declarando el estado de emergencia, pidió perdón por no escuchar a los chilenos, anunció una "agenda social" para colmar sus demandas y remodeló el Gobierno para llevarla a cabo. Además, ha accedido 'in extremis' a un proceso constituyente que se decidirá en un plebiscito el próximo mes de abril. Pese a ello, las protestas han continuado.

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