MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha ratificado este jueves la enmienda aprobada por el Parlamento para facilitar al partido gubernamental nombrar al nuevo presidente del Tribunal Supremo, en medio de las protestas contra el cese de la anterior.
De esta forma, será suficiente con una mayoría de dos tercios de los jueces del Supremo para nombrar al presidente, según ha informado la agencia estatal polaca de noticias, PAP.
La presidenta del Supremo, Malgorzata Gersdorf, se vio forzada a retirarse del cargo por una nueva ley aprobada por el Gobierno, si bien no la aceptó argumentando que su mandato expira en 2020 y que no puede ser acortado por el Gobierno.
Gersdorf aseguró que la ley que impone el retiro de 27 de los 72 jueces actuales del Supremo es inconstitucional y que no puede ser aplicada. Los críticos con el Gobierno polaco denuncian que esta norma tiene como objetivo controlar el sistema judicial.
El partido gubernamental Ley y Justicia (PiS) ha impulsado la ley que baja la edad de jubilación obligatoria de los jueces y que supondría el cese de más de un tercio de los magistrados del Supremo desde este miércoles salvo que el presidente del país, Andrzej Duda, aliado del Ejecutivo, les prorrogue su mandato.
La Comisión Europea abrió el 2 de julio un expediente contra Polonia por la ley del Tribunal Supremo al considerar que esta norma socava el principio de independencia judicial.
El expediente toma la forma de una carta de emplazamiento, el primero de los pasos de un procedimiento de infracción que podría llegar al Tribunal de Justicia de la UE (TUE) si Bruselas considera que Varsovia sigue sin resolver la situación. El Gobierno de Mateusz Morawiecki dispone ahora de un plazo de un mes para responder a las autoridades comunitarias.
La norma polaca del Tribunal Supremo rebaja de 70 a 65 años la edad de jubilación de sus jueces, lo que supone que este miércoles podrían ser obligados a retirarse más de un tercio de los magistrados que lo componen. La medida afecta también a la presidenta primera del tribunal, cuyo mandato de seis años terminaría de forma prematura.
La ley da a los jueces la posibilidad de declarar su voluntad de prorrogar su mandato por un periodo de tres años que puede renovarse en una ocasión. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario denuncia que Polonia no ha establecido los criterios en los que debe basarse la decisión de prolongar o no este mandato, así como que no existe la posibilidad de recurrir esa decisión.
La Comisión Europea ha subrayado que estas medidas socavan el principio de independencia judicial --incluida la inamovilidad de los jueces-- y, por tanto, incumple el Tratado de la UE y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
