La Duma aprueba la ley que considera a algunos medios "agentes extranjeros"

Actualizado: viernes, 23 noviembre 2012 22:33

MOSCÚ, 23 Nov. (Reuters/EP) -

La Duma rusa ha aprobado este viernes la ley que contempla como "agentes extranjeros" a los medios de comunicación que cuentan con financiación exterior, una norma que se suma a la que entró en vigor este martes que obliga a las ONG a hacer lo mismo.

La ley contra las ONG fue aprobada en julio por el Consejo de la Federación de Rusia, la Cámara Alta del Parlamento, y ratificada poco después por el presidente, Vladimir Putin, desatando una oleada de críticas por parte de las organizaciones de Derechos Humanos rusas y parte de la comunidad internacional.

Según la ley, las ONG tendrán que rendir cuentas de sus actividades a través de un informe bianual y presentar, cada año, una auditoría económica. Si no cumplen con los requisitos, los responsables de estas organizaciones podrán ser castigados con penas de hasta cuatro años de cárcel y multas de 300.000 rublos (unos 7.400 euros).

Quienes critican estas leyes aseguran que supone una vuelta al vocabulario de la Guerra Fría ya que la URSS utilizaba el término "agente extranjero" para referirse a cualquier organización con financiación exterior.

"Los medios de comunicación se les considerará así (agentes extranjeros) si reciben dinero o propiedades que supongan más del 50 por ciento de sus ingresos de gobiernos extranjeros y de sus instituciones, de organizaciones internacionales y extranjeras así como de ciudadanos extranjeros o sin nacionalidad", ha informado la agencia Interfax.

El Gobierno no ha explicado el cambio que supondrá para los medios de comunicación esta nueva calificación o si podrá afectar a la cobertura informativa que realizan en el país.

El Kremlin asegura que estas leyes solo pretenden aumentar el control de las organizaciones con financiación exterior para impedir que recopilen información para la Inteligencia de otros países.

Las ONG enmarcan estas iniciativas dentro de la persecución de la que se sienten víctimas tras las movilizaciones antigubernamentales de los últimos meses, extendidas a raíz del supuesto fraude en las elecciones parlamentarias y presidenciales.