MANILA, 28 Sep. (Reuters/EP) -
Defensores de los Derechos Humanos han dado la voz de alarma en Filipinas después de que el presidente, Rodrigo Duterte, aparentemente admitiese un delito en un acto público. "Mi único pecado es la ejecución extrajudicial", afirmó el polémico mandatario, en unas declaraciones que su portavoz considera malinterpretadas.
Duterte ha desmentido en varias ocasiones que se hayan cometido irregularidades en el marco de su guerra contra las drogas, que se ha saldado con la muerte de más de 4.800 personas desde que tomó el poder en julio de 2016. El principal motivo de preocupación ha sido la ligereza con la que la Policía dispara a matar.
Durante un discurso en una ceremonia de toma de posesión el jueves, Duterte se preguntó qué había hecho mal. "¿He robado aunque fuera un peso?, afirmó el presidente, que acto seguido apuntó, sin entrar en más detalles: "Mi único pecado es la ejecución extrajudicial".
Estas declaraciones han hecho reaccionar a las ONG, que reclaman que se investigue a un presidente que ya tiene dos quejas presentadas ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por supuestos crímenes contra la Humanidad por su ofensiva policial.
La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, ha considerado "extraordinarias" las palabras de Duterte, en la medida en que implica admitir "la imposición de sufrimientos para miles de familias, incentivos a la corrupción y policial y la destrucción del Estado de Derecho".
Por su parte, la senadora opositora Risa Hontiveros ha afirmado que la declaración implica para Duterte asumir una responsabilidad "clara y directa" con las muertes", mientras que Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han instado al TPI a tomar nota y acelerar las investigaciones.
El portavoz presidencial, Harry Roque, ha salido al paso restando importancia a las palabras de Duterte. "Es el presidente siendo él mismo, bromista, subrayando la idea de que no es corrupto", ha argumentado Roque en una entrevista radiofónica.
Duterte sacó a Filipinas del TPI después de que la corte anunciase este año la apertura de una investigación preliminar por los supuestos avisos. Sin embargo, expertos legales han advertido de que esta retirada no le exime de un posible procesamiento, ya que la jurisdicción del tribunal se puede aplicar de forma retroactiva.
