QUITO, 7 (EUROPA PRESS)
La ministra de Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, ha llamado este miércoles a consultas al embajador del país en la Organización de Estados Americanos (OEA) en señal de protesta por el "accionar incomprensible" de sus órganos en contra del referéndum celebrado el pasado domingo, que ha supuesto una victoria política para el Gobierno de Lenín Moreno.
"La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, llamó hoy a consultas al representante permanente del país ante la Organización de Estados Americanos, el embajador José Valencia, que este mismo miércoles, 7 de febrero, regresará a Quito", ha anunciado la Cancillería en un comunicado.
El departamento que dirige Espinosa ha explicado que se trata de una respuesta "al accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) medidas cautelares en relación a la consulta popular.
El Ministerio de Exteriores ha criticado que, "a pesar de contar con la amplia y contundente información oficial del Estado ecuatoriano", la CIDH "se ha pronunciado únicamente a través de un boletín de prensa que contiene datos imprecisos y descontextualizados que ofrecen una visión parcializada y errónea del proceso democrático nacional".
"El Gobierno de Ecuador reitera la plena legalidad y legitimidad de la consulta popular", ha dicho y, en consecuencia, ha avanzado que "defenderá su posición ante la CoIDH con la total certeza de que ha actuado en estricto apego a la Constitución y las leyes".
Precisamente este miércoles han hablado por teléfono el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tal como han confirmado ambos en sus respectivas redes sociales. Moreno ha subrayado que ha "manifestado con claridad" a Almagro que, igual que Ecuador respeta a los organismos internacionales, también hará que se cumpla "el mandato popular libremente expresado en las urnas, en un proceso democrático y fielmente apegado a la Constitución".
Almagro, por su parte, ha aplaudido el "compromiso democrático" demostrado por el pueblo y las instituciones de Ecuador pero también ha apuntado que "los instrumentos interamericanos están al servicio justamente de la democracia y los pueblos".
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El 4 de febrero la mayoría de los ecuatorianos --una media del 60 por ciento-- dijeron 'sí' a las siete preguntas planteadas por el Gobierno de Moreno, que suponen una enmienda total al legado de su antecesor en el cargo, Rafael Correa, y que podrían acabar con su futuro político porque una de ellas prohíbe la reelección indefinida.
La controversia en la OEA se debe a la pregunta que "reestructurar" el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, "dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros" y ampliar sus facultades para que pueda evaluar y cesar a las autoridades que designa.
El Consejo fue creado por Correa para nombrar a las altas autoridades del Estado --fiscal, procurador y contralor general y defensor del pueblo, entre otros--, pero con la reforma aprobada sus actuales miembros serán cesados y se designará a otros que podrán nombrar, controlar y supervisar a dichas autoridades.
Los actuales miembros del Consejo --Edwin Leonardo Jarrín, Tania Elizabeth Pauker y Sonia Gabriela Vera-- solicitaron en diciembre a la CIDH medidas cautelares para conservar sus puesto en el caso de que ganara el 'sí', tal y como ha ocurrido, y la Comisión remitió esta petición a la CoIDH este martes.
En opinión de la CIDH, esta reforma del Consejo "puede generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivos de los Derechos Humanos".
La CIDH ha explicado que, conforme a las leyes ecuatorianos, los miembros del Consejo "solo pueden ser destituidos a través de enjuiciamiento político ante la Asamblea Nacional" y ha advertido que con esta pregunta el Gobierno de Moreno estaría intentando "evadir el procedimiento legal".
Además, la CIDH ha expresado sus reparos al referéndum porque "no contó con control constitucional previo". Moreno ordenó al Consejo Nacional Electoral que lo convocara sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre las preguntas esgrimiendo que había superado el plazo dado para ello.
Para Correa, que ha roto con el que fuera su delfín político, este referéndum es un "golpe de Estado" que tiene como principal objetivo impedir su regreso al Palacio de Carondelet, de donde se despidió el 24 de mayo tras una década de gobierno.
