La organización lamenta que la prohibición y condena de las torturas no conduzcan al procesamiento de los responsables
MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha afirmado que los primeros cien días de Presidencia de Barack Obama en materia de Derechos Humanos se han caracterizado por sus "promesas de cambio con acciones limitadas" y destacó, al respecto, que la prohibición y condena de las torturas no se han materializado en el procesamiento de sus responsables, que el cierre de Guantánamo no se ha traducido en la liberación o acusación formal de sus prisioneros y que su promesa de poner fin al "secretismo" de la Administración anterior no ha ayudado a esclarecer la suerte de los 500 reclusos de la base de Bagram, en Afganistán.
Desde que Obama asumió el cargo, el pasado 20 de enero, se han producido "importantísimos avances", como la decisión, "menos de 48 horas" después de su juramento, de cerrar el centro de detención de Guantánamo, de poner fin al programa de detención secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de prohibir las llamadas "técnicas mejoradas" de interrogatorio de la anterior Administración y de revisar las anterior política de detenciones, declaró este martes la directora de la sección española de Amnistía Internacional, Eva Suárez-Llanos, durante una rueda de prensa en la sede de la organización en Madrid.
No obstante, prosiguió, estas medidas han sido sucedidas por "mensajes contradictorios" que las han desvirtuado. Por ejemplo, según la directora de AI-España, la decisión de Obama de hacer públicos cuatro memorandos en los que se autorizaba legalmente a la CIA a utilizar técnicas "mejoradas" de interrogatorio que constituían tortura u otros malos tratos y la posterior condena por parte del presidente de la práctica de la tortura no impidieron que éste anunciara posteriormente que estos delitos no serían llevados ante la justicia si se habían atenido al asesoramiento jurídico del Departamento de Justicia.
Esta postura, justificada por Obama por la necesidad de "mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás", supone, según Suárez-Llanos, "conceder la inmunidad a algunos de los responsables de actos de tortura y constituye en sí misma una violación del Derecho Internacional".
Asimismo, prosiguió, la orden ejecutiva por la que se ordenaba el cierre de Guantánamo no incluyó el compromiso de que cada uno de los prisioneros fuera acusado formalmente ante un tribunal civil o puesto en libertad, "con lo que los 240 detenidos tienen un futuro incierto". Por ello, pese a prometer que los casos de Guantánamo se iban a revisar "de manera sucesiva y con la mayor prontitud posible" para determinar quiénes podían ser trasladados o puestos en libertad, desde que se ha constituido el nuevo Gobierno "sólo una persona ha quedado en libertad y ninguna ha sido acusada formalmente de ningún delito", agregó.
Por otra parte, lamentó Suárez-Llanos, la orden de Obama a la CIA para que cierre sus centros secretos de detención y para prohibirle la apertura de otros similares en el futuro a largo plazo "deja abierta la posibilidad de que la agencia secuestre y recluya a personas en centros 'transitorios a corto plazo'".
Aparte, la directora valoró positivamente que Obama hubiera dictado una orden ejecutiva que prohíbe el uso de la tortura y otros malos tratos. Pese a ello, lamentó, ha "dado el visto bueno sin reservas" al Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos, "que puede permitir el aislamiento y la privación del sueño por largos periodos, así como la manipulación de los miedos de la persona detenida" mediante procedimientos "que violan la prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos".
Otro de los "mensajes contradictorios" de Obama, según Eva Suárez-Llanos, ha sido el de anunciar que no continuaría con el "secretismo" de la Administración de George W. Bush. No obstante, se ha acogido "a la doctrina del secreto de Estado" para impedir, "en la práctica", interponer recursos por violaciones de Derechos Humanos y para retener información sobre los 500 hombres que se calcula que se encuentran recluidos en la base militar estadounidense de Bagram, en Afganistán. Al respecto, recordó que Guantánamo sólo es "la punta del iceberg de un sistema" y advirtió de que se debe poner fin "a otros centros de detención secretos y a otros no tan secretos, como Bagram".
RENDICIÓN DE CUENTAS
La coordinadora de la campaña 'Contra el Terror, Justicia' del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, Camilla Jelbart, afirmó en la misma rueda de prensa que cuando Obama llegó al poder había recibido "una herencia terrible de torturas y detenciones ilegales, un sistema en el que la impunidad era normal y en el que se habían justificado actuaciones inadecuadas por motivos de seguridad".
Por ello, la llegada al poder del nuevo presidente había generado unas "expectativas muy grandes" que, destacó, no se han plasmado en acciones concretas para que los responsables de aquellos hechos rindan cuentas ante la Justicia.
"Después de la desclasificación de las opiniones legales sobre las llamadas técnicas 'mejoradas' de interrogatorio, Obama escribió directamente a la CIA para anunciar que los agentes a los que se había permitido llevar a cabo estos interrogatorios no iban a ser obligados a comparecer ante la Justicia", denunció.
"Es fundamental que se garantice la rendición de cuentas para estos delitos, a fin de asegurar que no se vuelvan a repetir en el futuro", manifestó. "No puede haber avances sin rendición de cuentas, porque, en tal caso, los Gobiernos de todo el mundo pueden pensar que ellos también pueden hacer lo que les dé la gana", aseveró.
ESPAÑA Y EUROPA
La organización afirmó también que el Gobierno español tiene "sus obligaciones en materia de Derechos Humanos con respecto a la 'guerra contra el terror', por lo que pidió, en ese sentido, que concrete "cuanto antes" la decisión de acoger a "un número limitado de presos" de Guantánamo, "teniendo en cuenta que el nuevo Gobierno estadounidense no ha formulado cargos penales contra ninguno de los detenidos y por lo tanto deberían estar ya en libertad".
"El responsable prioritario es Estados Unidos, pero Europa tiene un papel que jugar, tanto más cuanto que algunos países europeos, en mayor o menor grado, fueron cómplices en el traslado de presos", aseveró Suárez-Llanos.
Asimismo, AI pidió a España que lleve a cabo "todas las gestiones posibles" con Estados Unidos para esclarecer el paradero del ciudadano español Mustafa Setmariam Nasar, detenido en noviembre de 2005 por agentes paquistaníes, puesto posteriormente bajo custodia estadounidense y "desaparecido" desde entonces.
Aparte, Amnistía solicitó que el Gobierno español apoye las acciones judiciales abiertas en la Audiencia Nacional para determinar el grado de implicación de las autoridades españolas en el traslado ilegal de detenidos a Guantánamo a través de bases militares españolas. También instó al Ejecutivo a poner en marcha "medidas concretas para garantizar que aeropuertos, bases militares y puertos españoles no vuelvan a ser utilizados para facilitar violaciones de Derechos Humanos".
