MIAMI, 7 Feb. (DPA/EP) -
Retener a sospechosos de Estado Islámico en la base naval de Guantánamo, en Cuba, es aún una opción viable, han indicado fuentes de la Administración de Donald Trump después de que Estados Unidos haya pedido a otros países que asuman a sus nacionales que figuran entre los 700 presuntos combatientes extranjeros detenidos por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), a las que apoya Washington.
Las afirmaciones se producen dos semanas después de que los senadores republicanos Tom Cotton (Arkansas), John Cornyn y Ted Cruz (Texas, y Marco Rubio (Florida) enviaran una carta al presidente Trump en la que le instaban a "considerar el traslado de los peores de los combatientes de Estado Islámico" que tienen en su poder las FDS "al centro de detención de Guantánamo, donde se enfrentarán a la justicia".
No está claro que constituiría "justicia" para estos combatientes. La mayoría de los 40 detenidos que actualmente se encuentran en Guantánamo son esencialmente prisioneros eternos de la llamada 'guerra contra el terrorismo'. Solo nueve han sido imputados por crímenes de guerra y el resto están detenidos sin que se haya presentado ningún cargo penal o se les haya sometido a juicio.
Este lunes, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Palladino, hizo una declaración expresando la necesidad de que los países repatríen y procesen a los detenidos en manos de las FDS ante "un reto de seguridad internacional compartido", si bien no hizo alusión a Guantánamo.
En el Pentágono, la comandante de la Marina Candice Tresch, portavoz de Política de Detenidos, dijo que el centro de detención de Guantánamo sigue siendo una alternativa a la repatriación de los detenidos que ahora están en poder de las FDS.
Según Tresch, es política del Gobierno estadounidense "animar a los países de origen a que asuman la responsabilidad de su combatientes terroristas extranjeros mediante programas de procesamiento y rehabilitación u otras medidas que eviten de forma suficiente que los detenidos vuelvan a implicarse en actividades terroristas".
Para aquellos que no pueden regresar a sus países, afirmó la portavoz, "el presidente Trump ha dejado claro que Guantánamo es una de las opciones que podría considerarse de ser necesario".
Un comunicado del Departamento de Estado ha venido a reafirmar lo expresado por el Departamento de Defensa. "La Estrategia Nacional Antiterrorista de la Administración deja muy claro que la Ley de detención en conflicto armado, incluido Guantánamo, sigue siendo una herramienta antiterrorista importante y efectiva".
Sin embargo, ni la división de Asuntos de Detenidos del Pentágono ni la oficina de Antiterrorismo del Departamento de Estado han dicho si la Administración Trump ha obtenido una opinión legal sobre la autoridad de Estados Unidos para retener o juzgar a prisioneros de Estado Islámico en Guantánamo usando la Ley de Comisiones Militares de 2009 del Congreso.
Tampoco han dicho cuántos de los 700 prisioneros que Palladino dijo que la Administración quiere que sean repatriados serían candidatos para su traslado a Guantánamo.
La prisión, que abrió en enero de 2002, solo ha mantenido recluidos a presuntos miembros de Al Qaeda y los talibán y las comisiones militares creadas por el Congreso, antes de la aparición de Estado Islámico, están limitadas a ciudadanos que no sean estadounidenses y estén acusado de formar parte de Al Qaeda. No se ha enviado a ningún nuevo detenido desde marzo de 2008.
El llamamiento hecho esta semana por el Departamento de Estado para aliviar la carga a las FDS no es nuevo. El pasado febrero, el entonces secretario de Defensa, Jim Mattis, hizo solicitudes similares a los aliados de Estados Unidos en una reunión en Roma de ministros de Defensa sobre cómo derrotar a Estado Islámico. "Estamos reuniendo a cientos de detenidos", dijo a la prensa. "En mi opinión, tiene que ser el país de origen del que son ciudadanos el que asuma algún tipo de responsabilidad", agregó.
Mattis lo presentó como "un problema internacional", sosteniendo que iba en contra del interés de todos el que los combatientes extranjeros quedaran libres. En especial, subrayó que no deberían estar en las calles de Afganistán, Bélgica, Francia, India, Malasia, Arabia Saudí, Túnez y Turquía, reclamándoles que aceptara la repatriación de sus ciudadanos presuntamente miembros de Estado Islámico, si bien no hizo ninguna mención a la posibilidad de enviarlos a Guantánamo.
