MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos ha expresado su "grave preocupación" por el papel del Ejército de Malí en la muerte de 25 personas cuyos cuerpos fueron hallados recientemente en tres fosas comunes en el centro del país.
La portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Heather Nauert, ha apoyado la decisión del ministro de Defensa, Tiéna Coulibaly, de abrir una investigación y ha reclamado a las autoridades que las pesquisas sobre estas y otras acusaciones sobre violaciones de los Derechos Humanos "se llevan a cabo de forma creíble y transparente" y derivan en la "apropiada rendición de cuentas".
"Estados Unidos sigue muy preocupado por el deterioro de la situación de seguridad en Malí y la región del Sahel. Pedimos a las fuerzas de seguridad y los gobiernos que den pasos para garantizar el respeto de los Derechos Humanos, la protección de los civiles y la rendición de cuentas para incrementar la confianza y hacer frente al extremismo violento", ha remachado.
Coulibaly señaló el martes que "varias personas" de las Fuerzas Armadas estarían implicadas en las ejecuciones. Las fosas comunes fueron localizadas entre las localidades de Kobaka y Nantaka, situadas en la región de Mopti (centro).
Asimismo, prometió trabajar para que las Fuerzas Armadas malienses mantengan un "estricto respeto" de las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el marco de sus operaciones de combate.
La asociación de defensa de los derechos de las poblaciones de pastores Kisal detalló en un comunicado publicado el lunes en su página en la red social Facebook que los cuerpos de las víctimas, todas ellas miembros de la comunidad peul, fueron localizados "después de una operación del Ejército maliense".
Por su parte, testigos citados por la emisora Radio France Internationale relataron que vieron "militares" y que "fueron entrando de casa en casa" durante la jornada del 13 de junio.
Otras fuentes citadas por esta emisora aseguraron que el Ejército trasladó en camiones a decenas de detenidos tras su operación en Nantaka y que posteriormente procedió a librar a los miembros de las comunidades songhai, tamasheq y bozo, reteniendo a los peul.
La denuncia por parte de Kisal llegó dos meses después de que el propio Coulibaly anunciara una investigación en torno a la supuesta ejecución de catorce detenidos por parte del Ejército durante un supuesto intento de fuga.
Las palabras de Coulibaly llegaron horas después de que la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) reclamara la apertura de "investigaciones creíbles" en torno a los abusos contra sospechosos detenidos durante las operaciones contra los grupos armados islamistas.
En este sentido, la ONG denunció la muerte de 27 personas y las torturas sufridas por otros dos entre los meses de febrero y abril en el marco de la 'Operación Dambe', llevada a cabo en la región de Mopti.
La subdirectora de Human Rights Watch (HRW) para África Occidental, Corinne Dufka, resaltó el martes que desde 2017 la ONG ha documentado "más de 60 supuestas ejecuciones a manos del Ejército de sospechosos que han sido enterrados en al menos siete fosas comunes".
El presidente maliense, Ibrahim Boubacar Keita, buscará a finales de julio su reelección en unos comicios cuya legitimidad está en duda precisamente por la violencia que sigue imperando en el país africano, que en 2012 vivió su momento más tenso por la revuelta tuareg en el norte y el posterior avance yihadista.
