NUEVA YORK, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) denunció hoy "la incompetencia, la negligencia y la irresponsabilidad" de las autoridades estatales y federales por permitir en las ejecuciones el uso de inyecciones letales que causan un "dolor insoportable" a los condenados a la pena de muerte. Al respecto, aseguró que en las ejecuciones se utiliza una sustancia, el Clorídeo de Potasio, que ha sido prohibida incluso en el sacrificio de animales por el excesivo dolor que les causa.
La inyección letal se utiliza en 37 de los 38 Estados que tienen pena de muerte --únicamente Nevada mantiene en secreto sus métodos de ejecución--, así como en las ejecuciones de las autoridades federales. Todas las ejecuciones registradas en 2005 lo fueron por inyección letal.
Un informe de 65 páginas de la organización, hecho público hoy, revela que el protocolo en que se basan las ejecuciones fue elaborado en 1977 por un asesor médico de Oklahoma que, según HRW, no tenía experiencia en farmacología ni en anestesiología. Desde entonces no se ha modificado.
De acuerdo con el protocolo, los condenados a muerte reciben en sus venas tres sustancias. Primero se les inyecta, a través de un sistema electrónico, una dosis masiva de un anestésico, el Thiopental de Sodio. A continuación se les suministra Pancuronium de Bromido, que paraliza los músculos --el diafragma y los pulmones-- pero deja al preso plenamente consciente y con capacidad para seguir sufriendo dolor.
La tercera sustancia es el Clorídeo de Potasio, que causa paro cardíaco. El preso tarda en morir entre siete y diez minutos. Esta tercera droga "es tan dolorosa que las normas veterinarias prohíben su uso a menos que un veterinario garantice que el animal doméstico está plenamente consciente", asegura HRW. "Con los presos no se toma ninguna precaución similar en el momento de ser ejecutados", asegura.
"Estados Unidos es más cuidadoso a la hora de matar perros que de matar a personas", declaró el director del programa para Estados Unidos, Jamie Fellber, coautor del informe. "Por el hecho de que un preso hubiera matado sin cuidados o de forma consciente no debe el Estado hacer lo mismo", añadió.
El protocolo de 1977 fue adoptado de inmediato por el Estado de Texas. Según el informe, ninguno de los Estados ha consultado a expertos médicos para comprobar si es posible adaptar el protocolo de las tres sustancias para que cause los menores daños posibles.
Por ejemplo, las autoridades penales han rechazado el uso masivo de barbitúricos, que garantizarían una ejecución indolora, porque este método podría obligar tanto a los verdugos como a los testigos a esperar media hora antes de que el corazón del condenado dejase de latir.
También se han negado a retirar el Pancuronium de Bromido --el agente paralizante--, una sustancia que no es necesaria para lograr la muerte del preso y cuyo objetivo es simplemente impedir que haga movimientos convulsivos o emita gritos mientras muere tras el suministro del Clorídeo de Potasio, lo cual crearía un efecto mucho más duro para verdugos y testigos.
"Las autoridades penales están más preocupadas por aplacar la sensibilidad de los verdugos o los testigos que por proteger del dolor a los condenados", lamentó Fellner. "Están más preocupadas por las apariencias que por la realidad", añadió.
Human Rights Watch, que se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, exige en su comunicado a los 38 Estados que aplican la máxima pena y al Gobierno federal que garanticen que el método que se utiliza en las ejecuciones reduce, "en la mayor medida posible", el riesgo de sufrimiento físico o mental para el condenado.
Asimismo, reclama la suspensión de las ejecuciones mediante inyección letal en tanto no haya una investigación sobre sus efectos y sobre la posible existencia de métodos alternativos.
