MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
Más de 250 detenidos durante las protestas del 4 de mayo frente al Ministerio de Defensa en El Cairo siguen bajo arresto ilegal y son objeto de torturas y palizas por los militares, incapaces por otro lado de evitar la muerte de nueve civiles indefensos por la acción de grupos armados en los días previos a la concentración, según ha denunciado la ONG Human Rights Watch en su último informe sobre la situación en Egipto.
La concentración del pasado 4 de mayo ante la sede de Defensa a favor de un Gobierno civil democráticamente electo en Egipto arrojó un saldo total 350 detenidos, entre ellos diez niños y 16 mujres. Todos ellos fueron puestos a disposición de las autoridades con vistas a su juicio ante un tribunal militar, y al menos 256 permanecen detenidos a día de hoy. La mayoría de ellos han denunciado a sus abogados que han sido objeto de torturas y sus versiones coinciden, según ha podido constatar la ONG
"El brutal apaleamiento de los y las manifestantes demuestra que los oficiales no tienen sentido del límite en lo que a sus tareas se refiere", denunció el director adjunto de la ONG para Oriente Próximo y el Norte de África, Joe Stork
Los últimos incidentes se remontan al 2 de mayo, cuando nueve manifestantes y transeúntes resultaron muertos por los disparos efectuados por hombres armados con escopetas de perdigones y rifles de asalto ante la pasividad de los militares que vigilaban la manifestación: según los testigos, "los soldados estacionados cerca de la protesta permanecieron impasibles durante las casi seis horas que duró el tiroteo", indica HRW en su informe.
Al día siguiente, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas --que ostenta actualmente el mando transitorio del país-- desplegó frente al Ministerio a soldados con el objetivo de "proteger a los manifestantes de sí mismos" en el caso de que se decidieran a entrar en la sede de Defensa, según el general Mojtar al Molla, integrante de la cúpula militar, que advirtió de que las fuerzas dispuestas allí tenían derecho a "defenderse de manera legítima" en el caso de ser agredidas por los manifestantes.
La protesta se saldó con un militar fallecido, 373 heridos y 350 detenidos, entre ellos manifestantes, transeúntes, periodistas y doctores. Todos ellos fueron obligados a pasar 15 días en prisión por "manifestarse de manera ilegal, entrar en zona militar, asalto a la autoridad y pertenencia a grupo ilegal con el objetivo de crear desorden público".
"Los soldados nos golpearon por toda la calle", declaró Adel Jatab, uno de los 99 detenidos puestos en libertad la semana siguiente. "Con porras, patadas y puñetazos. En un momento dado me estaban pegando entre 15 y 20 soldados. Me sangraba la cabeza y mis ropas estaban hechas jirones. Nos llevaron al campamento de Jalifa al Mamun, donde nos volvieron a pegar, y de ahí a la prisión de tora, donde un 'comité de bienvenida' de tres policías nos recibió a manguerazos", relató.
Cinco abogados del Frente para la Defensa de los Manifestantes aseguran que el Ejército no ha investigado ninguna de las quejas de sus clientes. Sin embargo, ninguno de los afectados ha presentado una denuncia formal por miedo a represalias. El letrado Tamer Baza, por su parte, asegura que ha visto con sus propios ojos a una decena de detenidos con señales de latigazos en su cuerpo.
