BAGDAD, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ejecutivo iraquí informó hoy de que someterá a revisión el estatus del que gozan las empresas de seguridad privada que operan en territorio iraquí, un día después de que ordenada la salida del país de la firma Blackwater USA, por su presunta implicación en la muerte de varios civiles el domingo, después de que un convoy del Departamento de Estado norteamericano fuera objeto de un atentado con bomba en el oeste de Bagdad.
El primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, convocó hoy una reunión de su gabinete, después de saltar a la luz las críticas de que los agentes de seguridad de empresas privadas actúan con impunidad, por la "necesidad de revisar el estatus de las compañías de seguridad privadas extranjeras y locales que trabajan en Irak de acuerdo con lo que dictan las leyes iraquíes".
Una orden emitida por la Autoridad Provisional de la Coalición en Irak en 2004 ejercida por Paul Bremer --la orden número 17, extendida este año-- estipula que los contratistas "no serán sujetos a la legislación y regulación iraquíes" en relación a sus contratos o en el ejercicio de sus competencias, lo que, dado que la orden tenía rango de ley, otorgaba la inmunidad de los contratistas frente a la legislación iraquí.
El portavoz del Ejecutivo, Ali al Dabbagh, aseguró comprender la necesidad de dar protección a los diplomáticos occidentales y otros dignatarios en Irak, pero insistió en que las investigaciones preliminares de los hechos muestran que los 'constratistas' de Blackwater emplearon la fuerza en exceso.
Citando las informaciones recabadas por los Ministerios de Interior y de Defensa iraquíes, Al Dabbagh confirmó a la cadena CNN la muerte de más de 20 personas, aunque por su parte el portavoz del Ministerio de Interior, el general Abdul Karim Jalaf, rebajó a once los civiles muertos.
Sin embargo, explicó que la restricción de la licencia de contrato de Blackwater es una medida temporal, pendiente de la investigación final de los hechos. "No pretendemos impedirles (trabajar sobre el terreno en Irak) ni revocar su licencia de forma indefinida, pero necesitamos que respeten la ley y las regulaciones en Irak", aclaró.
Al Dabbagh subrayó que desde junio de 2004 el Gobierno iraquí es soberano y tiene derecho, dijo, a actuar contra los contratistas si procede, aunque reconoció que el Ejecutivo no "quiere hacerlo" por el hecho de no poder ofrecer los servicios que estas firmas privadas dan a los diplomáticos de la Embajada estadounidense en Irak.
"LA VERDAD"
En este sentido, Jalaf incidió en que lo esencial es "conocer la verdad y proteger los derechos de las víctimas, así como lograr los mejores medios para impedir tales incidentes en el futuro", después de cita el informe preliminar de Interior y Defensa que mostró el hecho de que helicópteros dispararon contra la multitud, aunque Blackwater ha rechazado la implicación de aviones de combate en la operación.
Asimismo, Blackwater ha insistido en que sus empleados actuaron en defensa propia y que aquellos abatidos no eran civiles sino milicianos armados que amenazaron, asegura la firma, a personal del Departamento de Estado a bordo del convoy. "Blackwater lamenta cualquier pérdida de vida humana, pero este convoy fue atacado violentamente por insurgentes armados, no civiles, y nuestra gente cumplió con su trabajo de defender vidas humanas", subrayó la portavoz de la compañía, Anne E. Tyrrell, en un comunicado.
Se trata de una compañía privada, con sede en Carolina del Norte y dirigida por un antiguo comandante de la Marina SEAL. Está entre las compañías de seguridad privada más grandes del mundo, y emplea, sólo en Irak, a unos 1.000 contratistas.
El Departamento de Estado norteamericano contrata los servicios de Blackwater en Irak, junto a los de otras dos firmas: Dyncorp, con sede en Falls Church, estado de Virginia, y Triple Canopy, con sede en Herndon, también en el estado de Virginia.
Muchos de los contratistas han sido acusados de disparar de forma indiscriminada contra tropas estadounidenses e iraquíes, además de civiles que se aproximaron en exceso a sus convoyes, fuertemente armados, pero ninguno ha sido procesado formalmente.
La pasada Nochebuena, un empleado ebrio de Blackwater USA abatió a un guardaespaldas del vicepresidente iraquí, según fuentes oficiales estadounidenses e iraquíes. El agresor fue devuelto a Estados Unidos, con la ayuda de otros empleados de la firma privada y la Embajada estadounidense, aunque fue despedido de la compañía. Según su portavoz, Anne Tyrrell, el ex empleado de Blackwater está cooperando con la investigación judicial de los hechos.
AL SADR
Por su parte, el clérigo disidente Muqtada al Sadr, al frente de la milicia chií Ejército del Mahdi, pidió la anulación de todos los contratos del Ejecutivo con empresas de seguridad privadas y responsabilizó al Gobierno del primer ministro, Nuri al Maliki, de su fracaso en dar protección a la población iraquí, como es su deber.
"Esta agresión no habría ocurrido si no hubiera sido por la presencia de los ocupantes que trajeron a estas compañías", explicó el comité político del movimiento 'saderista' en un comunicado emitido por la oficina del clérigo en la ciudad santa chií de Nayaf.
Por otra parte, Al Sadr subrayó el lugar donde ocurrió el tiroteo --una plaza concurrida abarrotada de tropas iraquíes--, al tiempo que pidió una rápida investigación de los hechos y la trasferencia de aquellos responsables a las autoridades judiciales iraquíes y exigirles una compensación a las familias de las victimas.
