MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Una empresa de comunicación de Malasia ha presentado este viernes una demanda para que se declare inconstitucional una ley aprobada recientemente que contempla multas económicas de hasta 500.000 ringgits malasios (unos 100.000 euros) y penas de hasta diez años de cárcel por crear o difundir 'noticias falsas'.
La compañía Mkini Dotcom, propietaria del portal de noticias local Malasiakini, ha presentado la demanda ante el Tribunal Supremo a través del despacho de abogados Daim & Gamany, según ha informado el diario local 'New Strait Times'.
La nueva ley indica que cualquier persona que cree, ofrezca, publique, imprima, distribuya, circule o disemine 'noticias falsas' o publicaciones que contengan noticias falsas puede ser castigado por las autoridades.
Asimismo, en caso de que esta persona continúe sus actividades, puede ser multada, al tiempo que cualquier otra que apoye de forma directa o indirecta la publicación de estas informaciones puede ser igualmente castigado.
La ley contempla que cualquier persona, independientemente de su nacionalidad o de que se encuentre en el extranjero, puede estar sujeta a estos castigos.
La oposición malasia ha puesto en duda la necesidad de una legislación en este sentido y ha recordado que las autoridades ya cuentan con amplios poderes para controlar los medios y la libertad de expresión.
El Gobierno del primer ministro, Najib Razak, asediado por los escándalos, ha promovido esta ley antes de las elecciones previstas para agosto.
Durante la próxima campaña electoral, se espera que los enemigos de Razak pongan el foco en las sospechas de corrupción en torno a los miles de millones de dólares que han desaparecido del fondo de la compañía de desarrollo estratégico 1Malaysia Development Berhad. Esta empresa fue fundada por el primer ministro, que presidió su consejo asesor hasta mediados del 2016.
El escándalo de 1MDB, expuesto por los medios extranjeros y los blogs de noticias en 2015, no ha perdido relevancia a pesar de que Nayib haya negado en repetidas ocasiones que haya cometido cualquier irregularidad y que su Gobierno mantenga un férreo control sobre los medios generales del país.
Al menos seis países están investigando las transacciones relacionadas con el 1MDB. El Departamento de Justicia estadounidense ha montado su mayor investigación hasta la fecha en el marco de una iniciativa anticleptocracia y ha iniciado varios juicios civiles para recuperar activos relacionados con el fondo.
Sin embargo, el Ejecutivo ha lanzado una persecución contra los medios independientes dentro del país. Durante las primeras etapas del escándalo, las autoridades suspendieron al periódico 'The Edge', forzaron a los dueños de 'The Malaysian Insider' a cerrar la web e impidieron que otros sitios publicaran historias sobre el papel de Nayib.
Otros ejecutivos en el sureste asiático, incluyendo a Singapur y a Filipinas, también han propuesto leyes para impedir la difusión de las 'noticias falsas'. Los defensores del derecho a la información han criticado esta tendencia en la región.
