MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un equipo de Naciones Unidas ha iniciado este miércoles sus trabajos en el estado birmano de Rajine (oeste), en la que supone la primera ocasión en la que agencias del organismo internacional reciben permiso para trabajar en el lugar después de la campaña militar de agosto de 2017, que se saldó con 400 muertos y cerca de 700.000 rohingyas refugiados en Bangladesh.
Según las informaciones recogidas por el diario local 'The Irrawady', equipos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han realizado sus primeras inspecciones sobre el terreno.
El desplazamiento del equipo tiene lugar tres meses después de la firma de un memorándum de entendimiento entre estos organismos y el Gobierno de Birmania para facilitar el regreso "voluntario, seguro y sostenible" de los refugiados rohingyas.
Aoife McDonnell, miembro del equipo, ha indicado que los trabajos se extenderán durante dos semanas en un total de 23 aldeas, antes de destacar que "este es un paso muy inicial y pequeño, en términos de acceso, y se expandirá rápidamente a todas las áreas cubiertas por el memorándum de entendimiento".
Durante la jornada, el Gobierno de Bangladesh ha reiterado que las autoridades no consideran la opción de acoger a cientos de miles de refugiados rohingyas de forma permanente.
"No estamos pensando en asimilareles en Bangladesh. Su lugar es Birmania", ha dicho el ministro de Exteriores bangladeshí, Shahidul Haque, en declaraciones concedidas a la agencia británica de noticias Reuters.
Los refugiados residen en campamentos en el distrito de Cox's Bazar, si bien las autoridades han estado preparando nuevos alojamientos en la remota isla de Bhasan Char, a pesar de las advertencias de numerosas ONG sobre los riesgos de inundación en esta zona.
Por otra parte, ha trascendido durante la jornada que la líder 'de facto' de Birmania, Aung San Suu Kyi, no acudirá la semana que viene a la Asamblea General de la ONU, en medio de los crecientes llamamientos a que altos cargos de las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los graves abusos cometidos durante la citada campaña militar.
De hecho, el Gobierno birmano rechazó "rotundamente" la semana pasada la decisión en la que el Tribunal Penal Internacional (TPI) dice tener jurisdicción para investigar las supuestas "deportaciones" de musulmanes rohingya a Bangladesh, consideradas un posible crimen contra la Humanidad.
Aunque Birmania no es Estado miembro del TPI, los jueces de la corte han considerado que sí cabe la posibilidad de investigar las deportaciones a las que hace alusión la Fiscalía porque, al implicar un cruce de frontera, las víctimas estaban entrando en un país --Bangladesh-- que sí ha firmado el Estatuto de Roma.
Una misión de investigación de la ONU concluyó en agosto que las Fuerzas Armadas birmanas habían actuado con una "intención genocida" en el estado de Rajine, del que han huido más de 700.000 personas en el último año para escapar de la represión y la violencia. Los investigadores abogaron por imputar al jefe de las Fuerzas Armadas y a cinco altos cargos más.
Las autoridades birmanas, por su parte, han negado que hayan cometido atrocidades contra la minoría rohingya y han considerado que sus operaciones armadas estaban justificadas para contener la violencia miliciana.
