BRUSELAS 5 (EUROPA PRESS)
El pleno de la Eurocámara ha pedido este jueves que la ayuda humanitaria a migrantes, especialmente en aguas del mar Mediterráneo, no sea considerada un delito y que los países de la UE adapten su legislación en este sentido, en una resolución no legislativa en la que los eurodiputados también piden a la Comisión Europea que clarifique "qué tipos de ayuda no deben ser penalizadas".
Así, el Parlamento Europeo ha mostrado su preocupación "por las consecuencias indeseadas que la legislación comunitaria sobre ayuda a la migración irregular está teniendo en los ciudadanos que ofrecen asistencia humanitaria a inmigrantes y solicitantes de asilo", según el comunicado de la cámara.
La normativa comunitaria sobre "facilitación", en vigor desde 2002, obliga a los Estados miembros a introducir en su legislación sanciones penales "contra quienes faciliten la entrada, la circulación y la estancia irregulares en su territorio", pero también da a los países la opción de no penalizar esta ayuda cuando sea humanitaria.
No obstante, solo algunos países han incorporado en su legislación excepciones sobre asistencia humanitaria, por lo que los eurodiputados han instado a todos los gobiernos de la UE a que la incluyan "para garantizar que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que asisten a inmigrantes por razones humanitarias no sean criminalizados por hacerlo".
Asimismo, han solicitado a la Comisión que adopte unas directrices para los Estados miembros especificando qué formas de ayuda no se penalizarán "con el fin de asegurar claridad y uniformidad en la aplicación de la directiva y evitar la criminalización injustificada de la asistencia humanitaria".
La Eurocámara también ha recordado que la actividades de particulares y ONG en operaciones de rescate, especialmente en el mar Mediterráneo, "apoyan y complementan" las acciones de salvamento llevadas a cabo por los países miembros, por lo que deben respetar la normativa de "facilitación" y desarrollarse "bajo control" de las autoridades nacionales.
ACUSACIONES DE TRÁFICO DE PERSONAS
En los últimos meses ONG e individuos dedicados a labores de salvamento marítimo en el Mediterráneo se han enfrentado a causas con la justicia debido a acusaciones de tráfico de personas y de otras actuaciones al borde de la legalidad.
La justicia griega dictó el pasado mayo libertad sin cargos para los tres bomberos españoles Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre que estaban acusados de un presunto delito de tráfico de personas, penado con diez años de cárcel, y que fueron detenidos en 2016 por la Guardia Costera griega cuando desempeñaban tareas de rescate de refugiados como voluntarios de la organización.
