MANILA, 27 Mar. (Reuters/EP) -
Las fuerzas del orden filipinas no han encontrado todavía pruebas de las declaraciones de dos funcionarios sobre cómo los grupos de defensa de los Derechos Humanos se habrían convertido en "herramientas involuntarias" de los traficantes de drogas, según han declarado este martes miembros de la Policía y de la Agencia Antidrogas del país.
"No tenemos (pruebas) ahora mismo", ha declarado el portavoz de la Policía, John Bulacao, a la prensa. "Todavía estamos verificando las informaciones sobre cómo los sindicatos de la droga podrían estar utilizando a los activistas para desacreditar los esfuerzos del Gobierno", ha añadido el superintendente en jefe.
El portavoz de la Agencia Antidrogas filipina, Derrick Carreon, ha explicado que las denuncias sobre las supuestas conexiones entre los activistas y los delincuentes están basados en hallazgos recientes que deben ser investigados. "Tenemos que seguir indagando", ha declarado Carreon en una rueda de prensa en el palacio presidencial.
Los grupos de defensa de los Derechos Humanos han denunciado la guerra contra los estupefacientes emprendida por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, en la que miles de personas han muerto a manos de las autoridades o en altercados con sicarios enmascarados en motocicletas.
El portavoz de la Agencia Antidrogas ha señalado que más de 123.000 personas supuestamente relacionadas con las drogas han sido arrestadas desde julio de 2016, lo que, según él, demuestra que las operaciones antidrogas no solo tienen que ver con muertes.
El jefe de Estado filipino es conocido por ser temperamental y por haber manifestado que tiene que mostrarse duro para proteger a sus conciudadanos del azote de las drogas. Duterte ha reprochado a los activistas el estar "trivializando" su campaña y culpando de forma injusta a las autoridades por el derramamiento de sangre.
Carreon ha subrayado que las autoridades han admitido cualquier tipo de crítica por parte de los activistas y han permitido que vigilen las operaciones antidroga para demostrar que estas se han llevado a cabo según el estado de Derecho.
"Hemos hecho ajustes sobre el terreno para asegurarnos de que no recibiríamos críticas por cómo se llevan a cabo nuestras operaciones antidrogas", ha declarado el portavoz.
El portavoz de Duterte y el ministro de Exteriores tampoco han ofrecido a los reporteros ninguna prueba de que los traficantes de drogas están utilizando a los grupos de defensa de los Derechos Humanos para perjudicar la legislación. Human Rights Watch (HRW) ha protestado contra estas declaraciones, diciendo que son "vergonzosas" y pueden provocar brotes de violencia contra las ONG.
La campaña antidrogas ha hecho sonar las alarmas de la comunidad internacional y ha sido objeto de las críticas de varios representantes de la ONU, incluyendo al Alto Comisionado por los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, que ha sugerido recientemente que Duterte necesita ver a un psiquiatra.
La Policía ha reconocido que, desde el comienzo de la guerra contra las drogas, ha matado a casi 4.200 personas con supuestas relaciones con el tráfico de drogas que se resistieron a su detención. Duterte ha prometido continuar con la campaña contra los estupefacientes hasta que acabe su mandato en 2022.
