MANILA, 27 Feb. (Reuters/EP) -
Las autoridades de Filipinas han dicho este martes que permitirán que se lleve a cabo una investigación sobre los supuestos abusos a los Derechos Humanos cometidos durante la 'guerra contra las drogas' emprendida por el Gobierno, pero no si la dirige la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard.
Más de 30 países occidentales han pedido a Filipinas que autorice a la relatora de la ONU a estudiar las muertes que se han producido durante la campaña lanzada por el presidente del país, Rodrigo Duterte, para tratar de luchar contra el tráfico de drogas. La especialidad de Callamard son las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias.
El portavoz de Duterte, Harry Roque, ha declarado en una rueda de prensa que Filipinas dará su visto bueno a cualquier indagación, siempre y cuando la ONU envíe un ralator "creíble, objetivo y sin prejuicios", que sea "una autoridad en el campo que pretenda investigar" y Callamard no cumple con dichos requisitos. Roque ha señalado que tenía en mente a un abogado que podría llevar a cabo el estudio mejor que Callamard, pero no ha especificado quién.
Duterte ha subrayado en el pasado que daría su aprobación al estudio de Callamard, siempre y cuando se preste a debatir en público con él. Callamard causó cierta molestia entre los miembros del Ejecutivo filipino el pasado mayo al dar un discurso en un foro sobre política de manera extraoficial.
Más de 4.000 filipinos han muerto en incidentes relacionados con la Policía. Cientos, probablemente miles, lo han hecho a manos de personas armadas no identificadas.
Los grupos de defensa de los Derechos Humanos y los rivales políticos de Duterte han manifestado que se llevan a cabo ejecuciones sistemáticas por todo el país de consumidores de estupefacientes y de pequeños traficantes. Las autoridades han negado esas acusaciones y han defendido que las personas que han muerto durante la campaña antidrogas lo han hecho porque se han resistido de una manera violenta a ser arrestados.
La semana pasada, la delegación de Amnistía Internacional en el país señaló que no se han emprendido "investigaciones significativas" sobre dichas muertes. La fiscal del Tribunal Penal Internacional en La Haya comenzó una indagación preliminar hace algunas semanas sobre una denuncia que acusaba a Duterte y a otros once miembros de las autoridades de crímenes contra la humanidad. Duterte ha recibido bien la apertura de esa investigación.
