MANILA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La organización Voluntarios contra el Crimen y la Corrupción (VACC, por sus siglas en inglés) pidió hoy al Tribunal Supremo de Filipinas que intervenga para evitar el inminente traslado del hispano-filipino Paco Larrañaga, condenado a cadena perpetua en el país asiático por el secuestro, violación y asesinato de dos hermanas, a una prisión española para que cumpla el resto de su pena.
En opinión de este grupo, su traslado a España, en el marco de un acuerdo alcanzado por el Gobierno filipino y el español, supondría un "precedente muy peligroso" que podría dejar sin poder al sistema judicial filipino. "Pido ahora al Tribunal Supremo que intervenga", señaló el presidente fundador de VACC, Dante Jimenez, en declaraciones a la emisora local dzXL.
"El sistema judicial podría ser puesto en vergüenza porques esto es demasiado descarado", añadió. "No puedo aceptar que un asesino pueda estar confortablemente en España, no sabemos si podría salir en libertad o no", denunció.
Sin embargo, de acuerdo con el texto del acuerdo, "sólo el Estado" que condenó al preso "podrá conceder el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena o medida de seguridad conforme a su Constitución y a sus leyes". Sin embargo, "el Estado de cumplimiento podrá solicitar del Estado de condena la concesión del indulto, amnistía o la conmutación, mediante petición fundada".
Fuentes del Ministerio de Exteriores español habían indicado el mes pasado que el traslado a España de Larrañaga sólo está pendiente de que culmine el proceso de intercambio de documentación entre ambos países que exige el convenio bilateral suscrito en 2007 que le permitirá completar su pena en España. De hecho, el titular de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, indicó este fin de semana que su regreso se producirá próximamente.
Larrañaga permanece en prisión desde 1997, cuando fue detenido por el secuestro, violación y asesinato de dos hermanas en la ciudad de Cebú, hechos por los que posteriormente fue condenado a cadena perpetua, que el Tribunal Supremo elevó a la pena de muerte en 2004.
Hijo del ex pelotari vasco Manuel Larrañaga y de Margarita González, asegura que estaba en Manila y no en Cebú el día del crimen, y denuncia que no se le dejó testificar en su defensa ni a él ni a una treintena de testigos. Larrañaga se benefició en 2006 de la decisión de la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, de abolir la pena de muerte. En mayo de 2007, España firmó con la ex colonia un acuerdo sobre traslado de condenados que entró en vigor a finales de 2007.
ACUERDO A MEDIDA
Para Jiménez, el acuerdo entre Manila y Madrid parece "hecho a medida" para Larrañaga y no se debería permitir que dicho convenio obvie al sistema judicial del país. "Nosotros siempre nos sometemos al proceso del sistema judicial, pero si permitimos agujeros por tratados como éste, entonces no hay ninguna independencia", aseveró.
Según la cadena GMA, un responsable de Malacañang --la presidencia filipina-- indicó que el Gobierno está dispuesto a revisar el acuerdo con España ante la polémica suscitada por el inminente traslado de Larrañaga. Sin embargo, la viceportavoz presidencial, Lorelei Fajardo, incidió en que los ciudadanos deberían considerar los beneficios del mismo, en particular para los filipinos residentes en España.
"Deberíamos hacer balance de los beneficios del tratado para los filipinos que cumplen penas en el extranjero", afirmó Fajardo, subrayando que "en el futuro podríamos necesitar este tipo de acuerdo". "Esta es una buena razón por la que nuestras autoridades y el Gobierno español firmaron este acuerdo", indicó.
