MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los rebeldes musulmanes del Frente Moro de Liberación Islámica (FMIL), que el pasado mes de agosto reanudaron sus combates con el Ejército filipino en la isla de Mindanao (sur), siguen utilizando niños soldados a pesar de los llamamientos internacionales en contra de esta práctica, según informaron diversas fuentes locales citadas hoy por la agencia humanitaria de noticias de la ONU, IRIN.
A pesar de que la propia dirección del FMIL ha negado públicamente que esté utilizando niños soldados, las evidencias recogidas sobre el terreno y los testimonios indican que esta milicia sigue utilizando a menores de 18 años para ejercer "labores auxiliares", como cocineros, portadores y guías.
"Hemos oído distintas voces de niños varones chillando entre el estruendo de los disparos", declaró un oficial del Ejército filipino en Mindanao, cuya unidad combate al FMIL cerca de la localidad de Datu Piang, escenario de algunos de los peores combates. "Éste es un acto condenable. Utilizan a niños en el frente de combate mientras los líderes del FMIL se protegen en la retaguardia", añadió.
El FMIL, que cuenta con 12.000 combatientes, se alzó en armas en 1978 para exigir la creación de un Estado independiente islámico en Mindanao, un isla rica en minerales en la que viven cuatro millones de musulmanes. Tras el fracaso de las negociaciones para un acuerdo de autonomía, dos altos dirigentes del FMIL lanzaron en agosto una mortífera ofensiva en ciudades y aldeas, en la que incendiaron más de mil viviendas, arrasaron empresas y mataron a más de 60 civiles.
Las represalias del Gobierno han causado desde agosto al menos 200 muertos en las filas del FMIL, según las estadísticas oficiales. Cerca de 100.000 civiles se encuentran en campos de desplazados, donde sufren escasez de alimentos y se enfrentan a las consecuencias de las lluvias del monzón.
El Ejército ha intensificado los ataques al FMIL después de que el pasado 14 de octubre el Tribunal Supremo declarara "anticonstitucional" el acuerdo de autonomía. Los quince jueces criticaron al Gobierno por ofrecer un acuerdo de paz que no había sido sometido a la aprobación pública.
