NUEVA YORK, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) instó hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que durante su próxima revisión periódica sobre la situación en Filipinas, que se celebrará el 11 de abril en Ginebra, analice "cuidadosamente" la incapacidad del Gobierno de Manila para juzgar a los responsables de homicidios y desapariciones.
Desde 2001, según un comunicado de HRW, cientos de militantes de partidos izquierdistas, activistas, periodistas y clérigos han sido objeto de homicidios o desapariciones. El relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, los grupos filipinos de Derechos Humanos y la propia Human Rights Watch "han encontrado fuertes evidencias de la implicación de militares en estos casos", aseguró.
En su último informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno filipino aseguró que entre sus prioridades figura la solución de este problema "urgente", llevando a los perpetradores ante la justicia e impidiendo estos crímenes en el futuro. El Gobierno aseguró que el número de homicidios se había reducido significativamente en 2007.
"Una pausa en los homicidios políticos significará poco a largo plazo si no se persigue a los responsables", declaró la subdirectora para Asia de Human Rights Watch, Elaine Pearson. "Pese los cientos de homicidios políticos perpetrados desde 2001, ni un solo militar ha sido declarado culpable", añadió.
Aun reconociendo que la reducción de las violaciones de Derechos Humanos es un dato positivo, Human Rights Watch advirtió de que el Gobierno no ha adoptado todavía los cambios institucionales que permitan acabar a largo plazo con el problema de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas.
El Gobierno no ha sido capaz de perseguir con éxito a los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de graves abusos, según la organización. Desde 2001, sólo dos casos de homicidios de activistas concluyeron con las condenas de cuatro acusados, ninguno de ellos perteneciente al Ejército. "Dado que la desaparición es un delito permanente, el Gobierno sigue siendo responsable de los desaparecidos en tanto no se conozca su paradero", advirtió HRW.
