MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha denunciado que la amenaza de sanciones de Estados Unidos contra el TPI es un "burdo intento" de influir en la independencia del tribunal y ha subrayado que las acusaciones vertidas por Washington son "infundadas". El TPI investiga posibles crímenes de guerra y lesa Humanidad perpetrados en Afganistán, previsiblemente por tropas estadounidenses.
"La intención es evitar que el TPI haga su investigación e influir en ella", ha afirmado Bensouda en una entrevista con el grupo de medios latinoamericano GDA. "Estas amenazas que hemos recibido y la reirada de visados, entre otras medidas, las vemos como un burdo intento esfuerzo para interferir en la independencia del tribunal", ha añadido.
"Lo lamentamos, especialmente por la larga contribución de Estados Unidos a la justicia por los Derechos Humanos a nivel mundial. Nuestra esperanza es que la administración (Trump) lo reconsidere", ha argumentado. "No podemos ni vamos a permitir que se trate de influir nuestro trabajo y lo continuaremos haciendo", ha remachado.
Bensouda ha recordado que Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma que rige el TPI, "pero Afganistán sí lo es si y si los crímenes se cometieron en su territorio, entonces tenemos jurisdicción".
Por otra parte, Bensouda se ha referido a la causa abierta por la situación en Venezuela. "Hemos avanzado de manera significativa en nuestra valoración sobre si los crímenes que se alega sucedieron en Venezuela equivalen a crímenes de lesa Humanidad según el Estatuto de Roma (...). Ya casi hemos terminado con la valoración y pasaremos de inmediato al tema de la admisibilidad, en los próximos meses", ha apuntado.
"Hemos demostrado que no nos dedicamos a la política, aplicamos la ley y la seguimos a donde nos conduzca. Y hemos sido coherentes en ese sentido", ha subrayado.
En cuanto a Colombia, Bensouda ha explicado que "le estamos prestando mucha atención a lo que pasa". "Monitoreamos lo que hacen y periódicamente evaluamos si estamos de acuerdo o no con lo que están haciendo porque todavía tenemos la potestad de decir que no estamos de acuerdo e intervenir", ha indicado.
Bensouda se refería así a la Jurisdicción Especial para la Paz, por la que si los criminales confiesan plenamente quedan libres de cárcel. "Los esquemas de sanciones nacionales deben apoyar los objetivos generales del Estatuto de Roma de poner fin a la impunidad y contribuir con la prevención", ha apuntado.
