ÁMSTERDAM, 10 Abr. (Reuters/EP) -
El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) Fatou Bensouda ha pedido a la corte que dictamine si tiene jurisdicción sobre las deportaciones de personas rohingyas desde Birmania a Bangladesh, lo que podría constituir un crimen de lesa humanidad, según un documento publicado este lunes.
Un fallo que afirme la jurisdicción podría allanar el camino para que el fiscal Fatou Bensouda investigue la deportación de muchos miles de rohinghya, aunque es poco probable que Birmania coopere.
"Esta no es una pregunta abstracta, sino una cuestión concreta, que afecta si el tribunal puede ejercer jurisdicción para investigar y, si es necesario, enjuiciar", ha señalado Bensouda.
La razón principal de la duda sobre la jurisdicción es que, si bien Bangladesh es un miembro del tribunal, Birmania no lo es.
Bensouda ha argumentado que, dada la naturaleza transfronteriza del crimen de deportación, un fallo a favor de la jurisdicción del TPI estaría en línea con los principios legales establecidos, pero reconoció la incertidumbre en torno a la definición del crimen de deportación y los límites de la jurisdicción del tribunal.
Su solicitud es la primera de este tipo presentada ante el TPI y ha pedido a la corte que convoque una audiencia para escuchar sus argumentos, así como los de otras partes interesadas.
El magistrado asignado para considerar la solicitud, el juez congoleño Antoine Kesia Mbe Mindua, tendrá un amplio margen de maniobra para determinar cómo proceder.
Según Naciones Unidas, alrededor de 700.000 rohingya, en su mayoría musulmanes, huyeron de sus hogares en Bangladesh después de que los ataques de milicianos en agosto del año pasado desencadenaran una ofensiva militar que según la ONU constituye una limpieza étnica.
Birmania, de mayoría budista, rechaza esa acusación y dice que sus fuerzas han estado librando una campaña legítima contra los rohingya que atacaron a las fuerzas gubernamentales. Muchos en Birmania consideran a los rohingya como inmigrantes ilegales de Bangladesh.
