23 de febrero de 2020
23 de enero de 2020

La Fiscalía de Colombia acusa a un alto cargo del Ejército de ordenar "claramente" el asesinato de un exguerrillero

La Fiscalía de Colombia acusa a un alto cargo del Ejército de ordenar "claramente" el asesinato de un exguerrillero
Imagen de archivo de militares colombianos. - COLPRENSA/CALDAS ALVAREZ, MARIA CAMILA - ARCHIVO

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Colombia ha acusado este jueves al coronel Jorge Armando Pérez Amézquita de emitir "órdenes claras" de matar al exguerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Dímar Torres Arévalo el pasado mes de abril.

Tras varios aplazamientos, la Fiscalía ha imputado cargos contra Pérez y otros tres militares por su presunta participación en el homicidio del guerrillero desmovilizado, que recibió varios disparos a manos del cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo.

Los fiscales han asegurado que Pérez fue quien ordenó el crimen como una venganza por la muerte del militar Pablo Borja García tras pisar un artefacto explosivo y ha confirmado que se utilizó un grupo de la red de mensajería WhatsApp para ultimar los detalles del asesinato.

"El cargo que ostentaba le otorgaba plena capacidad de determinar a sus subalternos, y sus órdenes de matar fueron concretas, directas e inequívocas: vengar la muerte del militar y matar a Dímar Torres", ha explicado la Fiscalía, según ha informado el diario local 'El Espectador'.

"Solo fue un acto puro de venganza", ha insistido así el fiscal Aníbal Arbeláez, que ha presentado contra el militar cargos por homicidio, los cuales ha rechazado.

"Usted como el comandante del Batallón (de Operaciones Terrestres No. 11), superior del cabo Gómez --autor material del ataque-- y de los soldados aquí presentes, con las órdenes y mandatos impartidos a sus subalternos, en especial al cabo Gómez, lo determinó para ejecutar la muerte de Dímar Torres", ha aseverado.

El exguerrillero recibió varios impactos de bala en las inmediaciones del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda Campo Alegre. Según las versiones de la Junta de Acción Comunal, los militares negaron el acceso de la población al lugar del crimen y fueron sorprendidos, al parecer, cavando una fosa.

La FARC ha acusado una vez más al Estado colombiano de no honrar su obligación de proteger a los guerrilleros desmovilizados que ahora tratan de reincorporarse a la vida civil.

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