BOGOTÁ, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, y la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, han llegado este miércoles a un acuerdo sobre intercambio de información para evitar el choque de trenes entre ambas instituciones en el marco de los procesos que investigan.
Martínez y Linares se han reunido para buscar una forma de colaboración que permita superar los conflictos que han surgido entre los dos entes a la hora de investigar los crímenes relacionados con el conflicto armado y han acordado "un intercambio permanente de información y mecanismos de colaboración armónica", según un comunicado conjunto.
Han hablado sobre competencia concurrente y han decidido que, si bien los crímenes relacionados con el conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 son competencia exclusiva de la JEP, la justicia transicional informará a la Fiscalía antes de emitir resoluciones concluyentes sobre "determinadas conductas".
El Ministerio Público, por su parte, podrá avanzar en sus investigaciones sobre los crímenes de la guerra entre las FARC y el Estado sin que ello suponga "una pérdida de los beneficios adquiridos por las personas que se han acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz".
En lo tocante a las amenazas contra víctimas, testigos o comparecientes, han decidido que la Fiscalía "asumirá el conocimiento y la investigación inmediata de las mismas".
Además, "se acordó que (...) se podrán realizar reuniones conjuntas en las que participarán fiscales e investigadores, así como magistrados de la JEP, para analizar y facilitar la entrega de información requerida para los distintos casos".
Martínez y Linares han aprovechado para "exhortar a los ex combatientes a que perseveren en su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como a los responsables de implementar las políticas públicas necesarias a poner en marcha los proyectos productivos y las condiciones de reintegración de los desmovilizados".
La JEP es la justicia transicional ideada por el Gobierno y las FARC en el acuerdo de paz firmado en 2016. Permite reducir los años de cárcel e incluso sanciones alternativas en función de la verdad que aporten los responsables de dichos crímenes.
El Gobierno del nuevo presidente, Iván Duque, se ha propuesto modificar el acuerdo de paz en aspectos esenciales como la JEP porque considera que viola los derechos de las víctimas por aligerar las penas contra los responsables de estos crímenes.
