MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
Este sábado se han producido nuevas manifestaciones en más de 70 ciudades francesas contra la Ley de Seguridad Global, una norma que penaliza la difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad.
En París, durante la movilización "en defensa de las libertades" han reivindicado el "derecho a la cultura" después de la "represión desproporcionada" de la Policía durante una fiesta 'rave' de Nochevieja en Lieuron, donde había unas 2.400 personas a pesar de las restricciones.
Las marchas reivindican el derecho a la información y la libertad de manifestación y protestan contra la violencia policial y contra la vigilancia masiva.
Entre los convocantes hay asociaciones como la Liga de Derechos Humanos y la Amnistía, así como sindicatos y asociaciones, incluidas asociaciones de periodistas y directores del sector audiovisual. El proyecto de ley ha sido ya aprobado en primera lectura en la Asamblea Nacional y debe ser examinado en marzo en el Senado.
"Lo que está en juego es (...) muy importante. Afecta al respeto mismo del Estado de derecho" y al control de las autoridades "por parte de los ciudadanos, el Parlamento, la justicia y la prensa", alegan las asociaciones, que añaden que "las medidas de vigilancia de la población deben seguir siendo la excepción".
En particular exigen la retirada de varias disposiciones, como el Artículo 24, que penaliza la difusión maliciosa de imágenes de miembros de la policía. También apuntan a los artículos 21 y 22 sobre el uso de cámaras y drones por parte de la Policía.
"Las únicas libertades otorgadas son a la economía", se ha lamentado un portavoz del sindicato Confederación General de Trabajadores (CGT), Gérald Le Corre, en declaraciones recogidas por la televisión BFMTV.
Las movilizaciones contra el proyecto de ley comenzaron tras su presentación, el 17 de noviembre, y han contado con el apoyo del movimiento de los 'chalecos amarillos'. La convocatoria más multitudinaria fue la que sumó a 500.000 personas en todo el país, según los convocantes; 133.000, según el Gobierno.
