PARIS, 9 Feb. (EUROPA PRESS/Javier Gómez Muñoz) -
El Gobierno francés aprobó hoy, en un consejo interministerial específico, el proyecto de ley de inmigración presentado por el ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy (en la imagen), que endurecerá los controles para acceder a la residencia. Francia determinará en qué sectores económicos se necesita mano de obra, para admitir inmigrantes especializados que puedan trabajar en ellos.
Los sectores inicialmente elegidos por el Gobierno para acoger a los nuevos inmigrantes serán, según especificó el ministro de Asuntos Sociales, Jean Louis Borloo, "el mantenimiento industrial, la mecánica, la hostelería y la restauración, los trabajos públicos y las enfermeras". Estas listas serán "evolutivas" según la situación del mercado laboral.
"Nuestro objetivo común está claro: dar a Francia los medios para controlar su inmigración, a fin de que ésta se convierta en una verdadera ventaja para nuestro país", afirmó tras la reunión el primer ministro, Dominique de Villepin.
Con el lema de "inmigración elegida, pero no sufrida", asumido por De Villepin, Sarkozy pretende cambiar la política de inmigración francesa, tradicionalmente aperturista y humanitaria, por otra que relacione las entradas de personas con las necesidades del mercado laboral y la capacidad de acogida del país. Y pasar de una inmigración poco cualificada a una con mayor capacitación profesional.
Nicolas Sarkozy ha reiterado en los últimos meses que sólo el 5% de los inmigrantes que llegan a Francia anualmente están relacionados con las necesidades laborales del país, cuando en otros lugares, como Australia o Canadá, esta tasa es hasta del 50%.
Aunque, formalmente, el Ejecutivo galo niega que vaya a instaurar cuotas de entrada, el proyecto de ley prevé que el Gobierno indique "anualmente a la Asamblea Nacional "estimaciones cuantitativas provisionales de visados y permisos de residencia" para los siguientes tres años. Los criterios serán "la capacidad de acogida de Francia en materia de empleo, de alojamiento y de educación nacional".
Villepin se esforzó en negar que se trate de "cuotas de entrada", como ha criticado el Partido Socialista. El delegado nacional de esta formación para la igualdad de oportunidades, Faouzi Lamdaoui, reprochó al Ejecutivo el querer crear "una inmigración selectiva y de vitrina": "Vamos a tener buenos inmigrantes, que se beneficien de sus derechos, y malos inmigrantes, privados de ellos".
TALENTOS Y CAPACIDADES
Uno de los puntos más controvertidos del texto es la nueva tarjeta de residencia "talentos y capacidades", destinada a facilitar la entrada al país de los "inmigrantes altamente cualificados, científicos, informáticos, artistas o personas que puedan contribuir al dinamismo económico" de Francia, según el propio ministro. Estos inmigrantes 'de primera clase' contarán con un permiso especial de residencia de tres años.
Desde la izquierda y los sindicatos se han alzado voces contra esta medida, por el perjuicio que podría provocar a los países subdesarrollados, que verían partir a sus mejores estudiantes o trabajadores hacia el mundo occidental. Sin embargo, el Ejecutivo asegura que estas personas "tendrán la obligación de volver a sus lugares de origen para dar a su país el beneficio de su formación".
Los inmigrantes tendrán que firmar un "contrato de integración", en el que se comprometen a aprender francés, a respetar las leyes y a respetar la igualdad entre hombre y mujer. El incumplimiento de lo firmado puede conllevar la anulación de ayudas sociales o incluso la expulsión.
Asimismo, Sarkozy suprimirá la conocida como "regularización automática", que actualmente se lleva a cabo cuando un inmigrante clandestino justifica su presencia en el territorio desde hace 10 años.
INMIGRACIÓN FAMILIAR
El proyecto plantea aumentar las trabas para el reagrupamiento familiar de los inmigrantes, mediante la exigencia de un mayor umbral de recursos mínimos. Actualmente, disponer del salario mínimo basta para pedir autorización para que se instalen en los familiares, de primer o segundo grado, que viven en el extranjero.
Las autoridades galas ampliarán hasta cuatro años también el plazo de tiempo necesario para obtener la nacionalidad en caso de unión matrimonial, a fin de evitar los "matrimonios blancos", destinados sólo a proporcionar un pasaporte francés al cónyuge que llega del extranjero.
El 77,6% de los inmigrantes que entran cada año en Francia lo hacen por motivos relacionados con la inmigración familiar. Esto supone que 105.167 personas lograron instalarse legalmente en Francia en 2003 con este tipo de medidas. De ellas, 26.768 utilizan el "reagrupamiento familiar".
