PARÍS, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, reunió hoy por primera vez en El Elíseo al llamado Consejo de modernización de las políticas públicas, encargado de acometer una amplia modernización del Estado francés que afectará a buena parte de los ministerios y que contempla, entre otras medidas, una reorganización territorial inédita desde la creación en 1964 de las prefecturas, las delegaciones regionales del Gobierno.
El principal objetivo que persigue el Consejo, que hoy ha presentado casi cien iniciativas fruto de las recomendaciones de 200 asesores de gabinetes internos y externos, es agilizar el aparato administrativo, hacer más eficaz el funcionamiento de la administración pública, con menos funcionarios mejor pagados, y procurar que los ciudadanos estén más satisfechos y mejor atendidos.
Reforzar la presencia del Estado en las llamadas colectividades territoriales --regiones, departamentos y territorios de ultramar-- para llevar hasta el final la lógica de la descentralización y simplificar los procedimientos administrativos, son los ejes de una reforma que pretende clarificar competencias, suprimir dispositivos redundantes y transferir financiación adicional y competencias residuales a quienes detentan la competencia principal de las políticas.
El grupo de trabajo encargado de las relaciones entre el Estado y las colectividades sugiere, en este sentido, que el Estado debe circunscribir su intervención a los asuntos que no puedan ser abordados a nivel local y, como segunda opción, plantea suprimir la claúsula general de competencias para los departamentos y las regiones, que tendrían entonces una lista restringida de competencias exclusivas.
En el caso de las áreas de competencia compartida, los expertos consideran que se debe limitar la cofinanciación. En definitiva, proponen una clara identificación de los servicios que están en manos de un sólo responsable, una máxima descentralización y la separación de funciones de arbitraje y control.
En cuanto a las relaciones financieras entre distintos entes, el punto de partida es tener un enfoque global del gasto público. Por lo que respecta a los recursos económicos de los territorios, el grupo de trabajo anima al Gobierno de François Fillon a implicarse en una "reforma ambiciosa de la fiscalidad local" y dejar a las colectividades decidir sus propios gastos en función de la presión fiscal que quieran ejercer sobre sus contribuyentes.
Con esta serie de propuestas, y especialmente con la aclaración de competencias, se cree que los ciudadanos entenderán mejor las políticas públicas y se evitarán despilfarros, además de otorgar una autonomía financiera a los territorios y establecer un sistema tributario más justo para los franceses y más eficaz desde el punto de vista económico que puede contribuir a una mejor gestión de las finanzas públicas del país.
Las medidas presentadas hoy, algunas de las cuales tendrán un impacto directo en la vida cotidiana de los franceses, como la posibilidad de divorciarse sin necesidad de acudir a un juzgado cuando la separación se haga de mutuo acuerdo, suponen la primera etapa de la modernización estatal que tendrá su continuidad en la primavera de 2008, fecha en que se reunirá de nuevo el Consejo para elaborar un presupuesto plurianual 2009-2011.
