MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno interino de Jeanine Áñez ha solicitado este miércoles al Consejo de la Magistratura de Bolivia que lleve a cabo una "auditoría jurídica" con carácter "urgente" sobre el llamado caso 'Terrorismo', en el que durante once años se investigó un supuesto complot para matar al entonces presidente, Evo Morales, y que finalmente se ha archivado.
El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, ha enviado una petición escrita al Consejo de la Magistratura "para la ejecución de la auditoría jurídica de todo el proceso con carácter de urgencia" por considerar que ha estado "contaminado por intereses políticos".
En concreto, Coimbra ha pedido al órgano de gobierno de los jueces bolivianos que establezca las "responsabilidades contra los involucrados con todo el rigor de las disposiciones disciplinarias y judiciales que correspondan".
"Queremos saber la verdad histórica de lo que pasó", ha dicho el ministro de Justicia, ya en declaraciones a los medios de comunicación, según informa el diario boliviano 'El Deber'.
El caso se remonta al 16 de abril de 2009 cuando el asalto al Hotel Las Américas de Santa Cruz destapó un presunto complot, en el que estarían implicados extranjeros, para acabar con la vida de Morales. Un total de 39 personas fueron procesadas, algunas de las cuales han pasado casi diez años en la cárcel.
Los sospechosos han esgrimido durante todos estos años que era un montaje para acabar con la oposición a Morales. Las nuevas autoridades de Bolivia dan credibilidad a esta teoría, por lo que tanto el Ministerio de Gobierno como la Fiscalía han retirado sus acusaciones, propiciando el cierre del caso.
Los señalados como culpables, que quedaron libres el pasado 4 de febrero, han denunciado a los jueces del caso, mientras que el Gobierno de Áñez ha anunciado una querella contra los que lo "montaron".
CRISIS POLÍTICA EN BOLIVIA
Morales dimitió el pasado 10 de noviembre por las "irregularidades" detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Más de 30 personas murieron en los enfrentamientos posteriores entre simpatizantes y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.
El líder indígena considera que es víctima de un "golpe de Estado" porque dimitió después de que las Fuerzas Armadas y la Policía se lo sugirieran y, por tanto, no reconoce al Gobierno de Áñez.
El MAS de Morales y el nuevo oficialismo llegaron a un acuerdo en el Congreso para celebrar unas nuevas elecciones el próximo 3 de mayo, vetando expresamente al antiguo mandatario como candidato presidencial, si bien Morales competirá en las urnas por un escaño en el Senado.
