MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Bahréin ha descartado este lunes iniciar conversaciones con grupos que "respalden la violencia y el sabotaje" de cara a la próxima ronda del diálogo nacional.
"El diálogo será entre sociedades políticas y no incluirá a los partidos que respalden la violencia", ha dicho la portavoz del Gobierno y ministra de Información, Samira bin Rayab, según ha informado el diario emiratí 'Gulf News'.
"No habrá diálogo alguno con cualquier parte que respalde la violencia o el terrorismo, ya que no les interesa el diálogo nacional. El mismo será con sociedades políticas y tendrá como objetivo alcanzar acuerdos sobre varios aspectos", ha remachado.
A principios de enero fue suspendido el proceso de diálogo nacional en medio de acusaciones del Gobierno contra la oposición por paralizar el proceso, si bien el mismo se relanzó apenas días después tras una nueva reunión entre las partes.
El anterior proceso de diálogo para intentar poner fin a la crisis política en Bahréin concluyó en julio de 2012 sin alcanzar ningún acuerdo por la retirada del principal grupo de la oposición, Al Wefaq, que denunció que estaba infrarrepresentado en la mesa de diálogo.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas pro democráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
