MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno guatemalteco ha iniciado el diálogo con la sociedad civil a pesar de no haber reconocido cualquier tipo de uso excesivo de la fuerza por parte de los antidisturbios en el marco de las protestas contra los polémicos presupuestos.
Las conversaciones entre las partes, que siguen el llamamiento del presidente, Alejandro Giammattei, se producen después de que medio centenar de manifestantes fueran detenidos tras incendiar la sede del Parlamento.
Aunque el proyecto de presupuesto aprobado por la Cámara para el año 2021 fue una de las principales causas de los disturbios, los manifestantes también han pedido una mayor transparencia en las administraciones públicas, así como la destitución de funcionarios acusados de corrupción --demandas a las que el Gobierno no ha prestado atención por el momento--.
A estas peticiones se suma la destitución, concretamente, del ministro de Gobernación recientemente nombrado, Gendry Reyes, y del jefe de Policía, José Antonio Tzubán, acusado de abuso de poder en el marco de las protestas.
Los sectores invitados a la mesa de diálogo, que abordará el presupuesto, están representados por la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (ASIES), la Alianza Técnica Para el Apoyo del Legislativo (ATAL), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y la Universidad de San Carlos (Usac).
Por su parte, Ricardo Barrientos, del Icefi, ha confirmado que asistirán a la reunión con cautela para evitar ser utilizados para propaganda gubernamental, según informaciones del diario 'Prensa Libre'. Muchos manifestantes han lamentado, sin embargo, que algunos sectores sociales quedan fuera de las conversaciones.
En un comunicado emitido la noche del 22 de noviembre, el Gobierno pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que, de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, "promueva el diálogo entre las diversas fuerzas políticas con el único propósito de asegurar el orden democrático".
En el mismo texto condena a su vez "los actos de violencia sistemática de las instituciones nacionales" que son un "medio a través del cual grupos minoritarios buscan reforzar un verdadero golpe de Estado".
El Congreso de mayoría afín al presidente, aprobó la semana pasada un presupuesto por 99.700 millones de quetzales (unos 10.800 millones de euros) con un aumento de cerca del 25 por ciento con respecto al ejercicio anterior.
La mayoría de fondos están dirigidos a la construcción de infraestructuras en concesiones al sector privado y no prevé aumentar las partidas de salud ni de educación, ni tampoco las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil.
El 59,3 por ciento de los casi 17 millones de habitantes de Guatemala vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi el 50 por ciento de los niños menores de cinco años.
