20 de octubre de 2019
  • Sábado, 19 de Octubre
  • 12 de enero de 2014

    El Gobierno indonesio restringe las exportaciones de mineral

    YAKARTA, 12 Ene. (Reuters/EP) -

       El Gobierno indonesio ha aprobado este fin de semana una polémica prohibición sobre las exportaciones de minerales para impedir que el país siga limitándose a ser un mero suministrador de materia prima y centrar así su desarrollo económico en la producción de bienes acabados.

       Los propietarios de cientos de pequeñas compañías mineras se verán obligados a instalar fundiciones y refinerías para procesar el mineral en bruto y acatar la ley, aunque de momento el Gobierno no se ha pronunciado sobre plan alguno para subvencionar la adquisición de la maquinaria que necesitan para ello.

       Indonesia ha prohibido la venta de níquel --su mineral más exportado-- y concentrados de bauxita, aunque podrá seguir enviando al extranjero sus reservas de cobre, mineral de hierro, plomo o zinc. Hay que destacar que la medida no afecta a grandes compañías, como las estadounidenses Freeport-McMoRan Copper & Gold o Newmont Mining Corp., pero sí a cientos de empresas locales de pequeño tamaño.

       Esta ley ha causado preocupación en el sector minero, que durante las últimas semanas y en previsión de la aprobación del decreto ha comenzado a despedir a un gran número de empleados. Compañías como Mobi Jaya Presada han despedido a más de la mitad del centenar de empleados con el que contaban "y habrá que seguir echando a gente si se mantiene esta regulación", declaró el director de desarrollo de la empresa Roy Kojongan.

        En total, casi 30.000 mineros han sido despedidos, según la Asociación Indonesia de los Empresarios de la Minería por este motivo. Las autoridades se están preparando para la posibilidad de que el sector minero salga a las calles de la capital, Yakarta, en señal de protesta.

       A pesar de que esta medida fue anunciada hace cinco años, las empresas han sido incapaces de invertir en fundiciones y refinerías por la falta de infraestructuras y de energía en las remotas zonas donde se encuentran estas minas. "No es que estemos en contra del procesado, pero partíamos de la idea de que el Gobierno aportaría la infraestructura necesaria", indicó Kojongan.