MANAGUA, 18 Feb. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Nicaragua ha asegurado que ha comenzado un acercamiento con empresarios locales para buscar un entendimiento y una salida a la crisis política que vive el país desde que estallaron las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
En 10 meses de manifestaciones, organismos defensores de Derechos Humanos cifran de más de 320 las víctimas mortales, y además aseguran que más de 600 personas fueron detenidas y acusadas en su mayoría por terrorismo y más de 30.000 nicaragüenses en el exilio.
"En el abierto intercambio, se ha confirmado la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación, a través de un encuentro incluyente, serio y franco", ha señalado el Gobierno en un comunicado publicó este sábado por la noche.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, ha afirmado a los medios locales que éste era un "esfuerzo importante para abrir una puerta que ha estado cerrada por mucho tiempo".
Entre los empresarios que se reunieron con el Gobierno se encuentran Carlos Pellas, Ramiro Ortiz, Roberto Zamora, Juan Bautista Sacasa y José Antonio Baltodano, representantes de los más grandes grupos económicos del país.
"Tomamos la iniciativa de solicitar un encuentro para reiterarle al Gobierno la urgencia de negociación incluyente, sería y franca con la sociedad civil para abordar la grave situación social, política y económica que atraviesa el país", han indicado los cinco en un comunicado publicado este domingo.
Los empresarios han añadido que su objetivo es que el Gobierno abra las puertas a la Alianza Cívica, la oposición organizada, para reabrir el diálogo y abordar los planteamientos de la comunidad internacional y la sociedad civil.
En la reunión también participaron como invitados el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico monseñor Waldemar Stanislaw. La Iglesia católica de Nicaragua fue garante del primer diálogo, que fracasó cuando la oposición le pidió a Ortega su renuncia y elecciones adelantadas.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y un grupo de expertos investigadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), han responsabilizado al Gobierno de reprimir las protestas y ocasionar las muertes de manifestantes desarmados.
Sin embargo, el Gobierno tilda de terroristas a quienes exigen su salida y aduce que es víctima de un intento de golpe de Estado financiado desde Estados Unidos por la "ultraderecha" y por organismos europeos a través de organizaciones no gubernamentales.
En la última semana Ortega se ha reunido con representantes de la OEA a quienes les manifestó, según un comunicado de la organización, que está dispuesto a realizar reformas en las instituciones del Estado de cara a las elecciones presidenciales de 2021.
Para Félix Maradiaga, un líder opositor que está en el exilio, lo primero que debe hacer Ortega es "liberar a los presos políticos". "Después de eso podemos hablar de reformas políticas y de elecciones", ha reiterado.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha subrayado en un comunicado que apoya un diálogo que tenga como primera condición la libertad de todos los detenidos a raíz de las protestas pero exigen tener participación en las conversaciones.
"El Gobierno de Estados Unidos acoge con agrado este esfuerzo por restablecer las negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y representantes de la sociedad civil", ha publicado el embajador estadounidense, Kevin Sullivan, a través de su cuenta en la red social Twitter.
Para la próxima semana está previsto que la Asamblea Nacional, dominada por legisladores leales al Gobierno, discuta una reforma fiscal que incrementa los impuestos a las empresas y elimina algunas exoneraciones fiscales. Los empresarios se han opuesto a las reformas pero negaron que ese asunto fuera discutido el sábado.
