MADRID 24 (EUROPA PRESS)
Los guardabosques colombianos han tenido que abandonar una decena de zonas protegidas por las amenazas recibidas de las disidencias de las FARC, que usan estos territorios para sus negocios ilegales.
"Las disidencias de las FARC les dieron 48 horas a los funcionarios de Parques Nacionales para que salieran de las áreas protegidas de la Amazonía. Ese plazo se cumple hoy. Y, de no hacerlo, sus vidas estarían en peligro", ha contado a 'El Tiempo' el ex director de Parques Nacionales Carlos Castaño.
Según Castaño, a principios de febrero hombres armados exigieron reunirse en el parque natural de Cahuinarí, con personal de Parques Nacionales a quienes les indicaron que no querían ver a funcionarios, agentes de seguridad o turistas.
Así las cosas, los guardabosques han decidido abandonar esos lugares. "En toda mi historia como director de Parques (Nacionales) y como ambientalista jamás había visto un momento tan difícil para Parque Nacionales. Esto es un llamado de alerta a recuperar la institucionalidad y el equilibrio de este país", ha dicho Castaño.
De acuerdo con 'El Tiempo', la presencia de grupos armados en zonas protegidas no se limita a la Amazonía. Los lugares controlados históricamente por las FARC están ahora a merced de grupos rivales que se disputan su control.
La semana pasada, el guardabosques de El Cocuy, en la región montañosa que se sitúa entre Boyacá y Arauca, Yamid Silva fue asesinado por guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ya hay dos detenidos.
Para el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, la violencia de los grupos armados contra los guardabosques responde a la operación de seguridad 'Artemisa', con la que el Gobierno busca frenar la deforestación.
"Dentro de las áreas ricas ambientalmente (...) hemos implementado acciones de legalidad. Al tener presencia estatal en esos territorios, donde antes no existía, toda nuestra gente está recibiendo amenazas", ha dicho Lozano.
El Gobierno defiende que de esta forma han logrado recuperar más de 3.500 hectáreas de bosques, pero Óscar Hernández, representante legal de la Corporación Ambiental Ecoamen y líder social de La Macarena, "esta operación pone en peligro a los guardabosques porque son los que se quedan a poner la cara".
También ha señalado a los campesinos, porque "les quitan las casas y el ganado". El coronel Fabio Ospina, comandante del Componente Aéreo de la Fuerza de Tarea Omega, ha explicado que los grupos armados "están instrumentalizando a la población civil, obligándola a hacer quemas y a deforestar".
"En nuestros monitoreos vemos que llega gente humilde a tumbar bosque y construyen casas en medio de la selva que pueden costar entre 40 o 50 millones de pesos, siembran coca o meten ganado. Ellos no tienen esos recursos, se los están proporcionando", ha indicado.
El director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, Rodrigo Botero, ha señalado que, "de las 70 áreas protegidas que tiene el país, más de la mitad son zonas de apropiación de economías ilegales que usan tanto los territorios como a la población local para sus intereses económicos".
