MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han exigido una investigación imparcial sobre la muerte del expresidente egipcio Mohamed Mursi, fallecido este lunes tras desmayarse durante una vista judicial.
Desde HRW han expresado su pesar por una noticia "terrible" pero "totalmente predecible" por "el rechazo del Gobierno a permitir un tratamiento médico adecuado" en palabras de la responsable para Oriente Próximo de la organización, Sarah Leah Whitson. Whitson ha denunciado que el Gobierno "no permitió darle una atención médica adecuada y tampoco las visitas de sus familiares".
Además, Whitson ha recordad la brutal represión desatada por las fuerzas de seguridad tras el golpe de Estado del 3 de julio de 2013 que puso fin al mandato de Mursi y en especial los desalojos de las acampadas de protesta que se saldaron con la "matanza de más de 1.000 personas a plena luz del día".
HRW ya avisó en 2017 de que las condiciones de encarcelamiento de Mursi "podrían haber contribuido al empeoramiento de su salud". En junio de ese año se desmayó en hasta dos ocasiones y sufrió un coma diabético, según su familia.
Por su parte, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades una investigación "imparcial, minuciosa y transparente" sobre las circunstancias de la muerte de Mursi y recuerda que estaba en aislamiento. En especial pide investigar el tratamiento médico que recibía Mursi y posibles responsables de maltratos.
Mursi, de 67 años, se convirtió en 2012 en el primer presidente electo del país, después de imponerse en los comicios celebrados tras la caída de Hosni Mubarak un año antes, y fue derrocado en 2013 en un golpe de Estado militar.
Tras su salida del cargo, fue detenido y juzgado por numerosos casos --en uno de ellos llegó a ser condenado a muerte-- que él rechazó y describió como una campaña política en su contra.
Mursi tenía al menos seis causas pendientes y llevaba casi seis años en la cárcel por casos como el que le implica en la muerte de manifestantes durante las protestas opositoras. Además, fue condenado a cadena perpetua por espionaje vinculado con Qatar. En su periodo en prisión, solo se le han permitido tres visitas familiares.
