MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
Human Right Watch (HRW)ha criticado este sábado la decisión del Tribunal Penal Internacional de rechazar la petición de la Fiscalía de abrir una investigación formal por los crímenes cometidos en el marco de la guerra de Afganistán ya que, en su opinión, esta negativa "no permitirá a las víctimas del país encontrar un camino hacia la justicia", según ha señalado HRW en un comunicado oficial.
Este viernes, la cámara de antejuicio del Tribunal Penal Internacional rechazó la petición de la Fiscalía de abrir una investigación formal por los crímenes cometidos en el marco de la guerra en Afganistán, por considerar que, aunque hay base legal, tiene escasas probabilidades de éxito por la falta de colaboración de las partes afectadas.
Los tres magistrados --Antoine Kesia-Mbe Mindua, Rosario Salvatore Aitala y Tomoko Akane-- han decidido de forma unánime frenar el plan de la fiscal jefe, Fatou Bensouda, de pasar del examen preliminar, que arrancó en 2006, a una investigación formal que podría derivar en un juicio.
"Este rechazo a realizar una investigación en Afganistán es un golpe devastador para las víctimas que han sufrido crímenes graves que no se han reparado", ha dicho Param-Preet Singh, director asociado de justicia internacional de Human Right Watch.
El Tribunal Penal Internacional es un tribunal de última instancia que juzga crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El Tribunal reconoció que había una hay una "base razonable" para considerar que en Afganistán se han cometido crímenes bajo la jurisdicción del TPI y que hay casos potenciales que se podrían admitir". Asimismo, también ha reconocido la ausencia de investigaciones y procesamientos de los responsables de estos delitos.
Sin embargo, en su decisión, la Corte ha concluido que "las circunstancias actuales en Afganistán son tales que hacen que las perspectivas de una investigación exitosa y un proceso judicial sean extremadamente limitadas". Tras anunciar la decisión, la oficina del fiscal ha anunciado que están evaluando sus "recursos legales".
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha celebrado como "una gran victoria internacional" esta decisión. Estados Unidos anunció el 15 de marzo que denegará los visados al personal del TPI y revocará los que ya se le hayan concedido, con el objetivo de impedir una posible investigación sobre los presuntos crímenes de las fuerzas norteamericanas en Afganistán.
El Gobierno de Trump cumplió su amenaza y la semana pasada retiró el visado a la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, aunque podrá seguir entrando a Estados Unidos cuando se trate de viajes relacionados con Naciones Unidas, que tiene su sede principal en Nueva York.
Trump ha aprovechado para reiterar la posición de Estados Unidos respecto al TPI, al que reprocha sus "amplios poderes procesales" que suponen "una amenaza para la soberanía estadounidenses", así como "otras deficiencias que lo hacen ilegítimo".
La situación de los Derechos Humanos en Afganistán se ha deteriorado a medida que el conflicto se ha intensificado en los últimos años. En 2018, más de 11.000 civiles murieron o resultaron heridos en los combates. Los talibán y otros grupos insurgentes han sido los responsables de la mayoría de los ataques contra civiles ocurridos recientemente.
Además, las torturas en los centros de detención del Gobierno han aumentado. Un informe de Naciones Unidas publicado en mayo de 2017 informaba sobre numerosas denuncias de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, entre otros abusos.
"Al cerrar la puerta a esta investigación, los jueces del TPI han dejado que las consideraciones políticas sean más importantes que los derechos de las víctimas; en donde se incluye el derecho de que sus abusadores rindan cuentas", ha dicho Singh.
"Lograr que los países cooperen con la Corte es un auténtico desafío. Sin embargo, esta decisión es una invitación hacia los Gobiernos para que creen obstáculos que impidan al TPI actuar cuando sea necesario", ha concluido.
