MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado los abusos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno y los separatistas armados contra los residentes de la región anglófona de Camerún.
Camerún es un país de mayoría francófona, pero con una pequeña región anglófona que denuncia la discriminación del Gobierno central y donde han surgido movimientos separatistas con la aspiración de crear el Estado de Ambazonia.
Según la organización, los grupos gubernamentales y los separatistas han abusado de los civiles de la parte occidental del país, provocando el desplazamiento de más de 180.000 personas desde diciembre de 2017.
HRW ha asegurado que los separatistas anglófonos han extorsionado, secuestrado y asesinado a civiles, además de impedir que los niños fueran a la escuela. En respuesta a las protestas y la violencia de los separatistas, el Gobierno ha matado a civiles y utilizado una "fuerza excesiva" contra los manifestantes, torturando y maltratando a presuntos separatistas y quemando cientos de hogares.
"La situación de los Derechos Humanos de Camerún ha alcanzado un nivel de crisis y podría empeorar aún más", ha afirmado la directora de HRW en África, Mausi Segun. "Se necesita una acción internacional para garantizar que ambas partes protejan a los civiles y garanticen la justicia por los crímenes cometidos contra ellos", ha aseverado.
Desde 2016, el Gobierno camerunés, mayoritariamente francófono, ha reprimido las protestas pacíficas de la minoría anglófona contra la supuesta marginación social y económica en la que viven. Decenas de civiles han muerto en los disturbios, lo que ha alimentado el apoyo a los separatistas que buscan un estado independiente.
La división de Camerún data del final de la I Guerra Mundial, cuando la Sociedad de Naciones repartió la antigua colonia alemana de Camerún entre Francia y Reino Unido. Camerún cuenta con el francés y el inglés como lenguas cooficiales, si bien la mayoría de la población utiliza el primero. El conflicto se reavivó hace un año, cuando el Gobierno del presidente Paul Biya, comenzó a perseguir a manifestantes pacíficos que protestaban contra la discriminación social y económica en la que viven los angloparlantes.
Según agencias de Naciones Unidas, desde mayo, al menos 160.000 personas se han visto obligadas a desplazarse en el país, el 80 por ciento de ellas escondiéndose en el bosque. Además, al menos 20.000 camerunenses se han desplazado a Nigeria desde finales de 2017.
HRW ha llamado a las entidades internacionales, incluyendo a Naciones Unidas y a la Unión Africana, y a los aliados internacionales de Camerún, entre ellos Francia y Estados Unidos, a presionar a ambas partes para que tomen medidas "rápidas y concretas" para proteger a los civiles y garantizar la justicia por los crímenes cometidos contra ellos.
"A pesar de los abusos y provocaciones de los separatistas armados, el Gobierno nunca debería estar atacando a civiles y quemando aldeas", ha manifestado Segun. "Ambas partes deberían reconocer que no alcanzarán su objetivo perpetuando el ciclo de violencia y trabajando hacia una solución negociada", ha añadido.
