ESTAMBUL, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch ha alertado este jueves de que el proyecto de Ley de Seguridad del Gobierno turco, que incluye la ampliación de los poderes de la Policía para buscar, detener y usar armas de fuego, pone en riesgo la protección de los Derechos Humanos.
"El Gobierno ya ha impulsado nuevas medidas policiales problemáticas a través del Parlamento y ahora quiere otorgarse más competencias en materia de seguridad", ha explicado la investigadora de HRW especializada en Turquía Emma Sinclair-Webb. "El Parlamento debe poner freno y garantizar que este proyecto de ley proteja los Derechos Humanos, así como la seguridad pública", ha pedido.
Según la ONG, varias de las propuestas buscan eludir las funciones de los fiscales y del Poder Judicial, lo que permitiría un uso arbitrario del poder.
El 2 de diciembre de 2014, el Parlamento de Turquía aprobó una ley que ampliaba las competencias policiales y judiciales. Una norma separada que se une a la Ley de Seguridad que endurece las penas para los manifestantes y permite que los gobernadores provinciales ordenen a la Policía que investigue crímenes usurpando, según HRW, el papel de los fiscales y jueces. Al aplicarse esta norma, en opinión de la ONG, se incumpliría la separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial.
MEDIDAS MÁS POLÉMICAS
Aunque HRW ha reconocido que la ley contiene algunos puntos positivos, como el que fortalece la supervisión civil de la Gendarmería bajo una mayor vinculación con el Ministerio del Interior; la organización internacional denuncia que el proyecto de ley ponen en serio peligro los Derechos Humanos de los ciudadanos.
Según la nueva ley la Policía puede dar órdenes de búsqueda sobre personas y vehículos sin la autorización previa de un fiscal o tribunal, pero también puede retener a los detenidos hasta 48 horas sin la autorización de la Fiscalía y usar armas de fuego para evitar un ataque en un lugar público contra edificios, vehículos o personas. Medidas que HRW entiende que suponen "serias amenazas para el orden público" y que motivarán "el uso de la fuerza letal en casos en los que dicha fuerza es desproporcionada con respecto a la amenaza".
La ONG ha recordado que el proyecto de ley incluye otro punto polémico: el aumento de las penas para los manifestantes que participen en actos de "propaganda" o violentos.
Miembros del Gobierno han mostrado su interés porque se aumenten las penas contra los manifestantes acusados de actos vandálicos o del lanzamiento de cócteles molotov, pero también por dar mayor poder a la Policía y permitirles el uso de la fuerza.
"La legítima preocupación del Gobierno sobre las protestas violentas no deben ser un cheque en blanco para los poderes de la Policía", ha subrayado Sinclair-Webb. "El Parlamento debería modificar el proyecto de ley para que las personas estén protegidas de la acción arbitraria del Estado, así como de la violencia pública", ha sentenciado.
