MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha instado este jueves al Gobierno de Angola a detener inmediatamente la expulsión masiva de refugiados provenientes de República Democrática del Congo (RDC) y ha solicitado una apertura de una investigación imparcial sobre los presuntos abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
Según HRW, más de 400.000 personas fueron deportadas a la fuerza o huyeron de Angola en octubre tras una operación contra la extracción ilegal de diamantes en la provincia de Lunda Norte.
Datos de Naciones Unidas indican que las fuerzas de seguridad de Angola, junto a milicianos tshokwe, han acabado con la vida de seis congoleños durante la operación. La mayoría de los migrantes y refugiados que cruzan la frontera hacia RDC han acusado a las fuerzas de seguridad angoleñas de propinarles palizas, asaltarlos sexualmente y quemar sus viviendas. También han descrito un clima de miedo e intimidación en Lunda Norte.
"Angola debe dejar de obligar a la gente a abandonar el país hasta que pueda someterlos a un proceso con garantías para distinguir a los inmigrantes irregulares de los refugiados", ha manifestado Dewa Mavhinga, director de HRW para el Sur de África, en un comunicado.
"Cualquier deportación de migrantes tiene que producirse en concordancia con las leyes internacionales y la Carta de Africana de Derechos Humanos", ha manifestado.
La llamada 'Operación Transparencia' tiene como objetivo reducir el tráfico de diamantes y reformar la industria del diamante en el país, según han destacado las autoridades de Angola en un comunicado. Esto forma parte de la política del presiente, Joao Lourenço, para diversificar la economía y reducir la dependencia del país del petróleo.
El Gobierno de Angola ha señalado que el tráfico de diamantes y la mina ilegal está fundamentalmente organizada por inmigrantes que se encuentran en el país de forma irregular, pero no ha aportado pruebas al respecto.
"Los soldados de Angola nos han forzado a irnos sin nuestra ropa", ha aseverado un congoleño de 40 años. "Les enseñé mi documento de residencia angoleño pero lo rompieron. Después me obligaron a subir a un camión y me llevaron a la frontera con RDC", ha añadido.
El pasado 26 de octubre, la jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, alertó de que las expulsiones en masa dejaba a los deportados en una "situación extremadamente precaria". UNICEF estima que 80.000 niños han sido deportados de forma forzosa a RDC y necesitan asistencia lo antes posible.
Muchos de los deportados han acabado en las regiones de Kasai, Kasai Central y Kwanga. Muchos de ellos no tienen medios para regresar a sus lugares de origen. La llegada de miles de congoleños podría desestabilizar la zona.
"El hecho de que muchos de estos abusos continúen años después de que se detectaran los primeros indicios implica que el Gobierno de Angola no ha hecho lo suficiente para proteger a los migrantes y refugiados", ha aseverado Mavhinga.
"Las autoridades deben investigar inmediatamente las acusaciones sobre abusos por parte de las fuerzas de seguridad y llevar ante la Justicia a los responsables", ha zanjado.
