MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado a las autoridades de Guatemala a cumplir una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que exige que se interrumpa el trámite de la Ley de Reconciliación, que otorgaría una amnistía para los graves crímenes cometidos durante la guerra civil (1960-1996).
La organización ha alertado de que el proyecto de ley liberaría a decenas de militares condenados por graves abusos y prohibiría toda posibilidad futura de juicios por las violaciones de derechos humanos perpetradas durante los 36 años de conflicto armado interno en el país, el cual terminó en 1996.
"La lucha por la justicia en Guatemala ha encontrado numerosos obstáculos a lo largo de los años, pero esta amnistía para actos de genocidio podría ser el ataque más burdo al Estado de derecho que hemos visto", ha expresado Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch.
"Aprobar esta amnistía sería una violación flagrante de las obligaciones asumidas por Guatemala conforme al derecho internacional y sería un desacato a una orden directa y vinculante de la Corte Interamericana", ha añadido.
El proyecto reformaría la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, que estableció que no habría amnistía para casos de genocidio, tortura y desapariciones forzosas. El Congreso guatemalteco ya aprobó en dos primeras lecturas el proyecto de amnistía y se espera una tercera y última lectura esta semana.
En una sentencia emitida el pasado 12 de marzo, la Corte Interamericana dispuso que Guatemala archivara el proyecto de ley. El pronunciamiento es jurídicamente vinculante para Guatemala.
Este lunes, seis relatores y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU instaron al Congreso de Guatemala a no aprobar la propuesta de reforma de la Ley de Reconciliación Nacional y explicaron que la conocida como iniciativa 5377 "establecería un mecanismo automático para extinguir la responsabilidad penal de todos los responsables de las violaciones graves de los Derechos Humanos cometidas durante ese periodo".
Además, detallaron que, de aprobarse esta reforma legal, toda persona declarada culpable de haber cometido un delito en el conflicto armado quedaría impune. Así, aquellos que hayan sido juzgados o estén implicados en un proceso penal por tales actos deberían ser liberados en un plazo de 24 horas.
"Las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos excluyentes de responsabilidad son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los Derechos Humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros", dijeron.
