En particular, señala al expresidente regional Abdi Illey y a la fuerza paramilitar Liyu
MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
El nuevo Gobierno de Abiy Ahmed en Etiopía debería realizar una investigación independiente y exhaustiva de los abusos de los Derechos Humanos y las violaciones de las leyes de la guerra que se han cometido desde hace años en la región de Somalí, en el este del país, ha reclamado este lunes Human Rights Watch (HRW).
En concreto, la ONG ha pedido que se investigue la responsabilidad de altos cargos regionales, incluido el antiguo presidente regional, Abdi Mohamud Omar, más conocido como Abdi Illey, quien dimitió el 6 de agosto tras una serie de ataques y enfrentamientos en la región que dejaron decenas de muertos, y el actual jefe de la fuerza paramilitar Liyu, Abdirahman Abdillahi Burale.
"Para romper con el pasado, el Gobierno de Etiopía tiene que garantizar justicia a más de una década de horribles abusos en la región de Somalí", ha sostenido la directora para el Cuerno de África y África Oriental de HRW, Maria Burnett. "La agenda de reformas del primer ministro, Abiy Ahmed, debería incluir que aquellos responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos, aunque poderosos, no sigan evadiendo la justicia", ha añadido en un comunicado.
La región de Somalí, fronteriza con Somalia, ha experimentado en la última década abusos generalizados contra civiles, tanto a manos del Ejército etíope como de la fuerza Liyu. Los abusos, según HRW, han sido especialmente graves desde 2007, a raíz de la escalada del conflicto entre el Frente de Liberación Nacional de Ogadén (ONLF), un grupo separatista, y las fuerzas de seguridad etíopes.
Como resultado de ello, las autoridades crearon en 2008 la fuerza Liyu, encargada de labores contrainsurgentes y que rendía cuentas a Abdi Illey, entonces jefe de seguridad regional y que luego se convertiría en presidente de Somalí.
CRÍMENES DE GUERRA
HRW ya denunció en 2008 que tanto las fuerzas etíopes como el ONLF habían cometido crímenes de guerra y en el caso de los cuerpos de seguridad también crímenes contra la Humanidad en base a las pautas de ejecuciones, torturas, violaciones y desplazamientos forzosos documentados. Desde entonces, la ONG ha venido reclamando una investigación independiente de los hechos ocurridos entre 2007 y 2008, después de que la realizada por el Ministerio de Exteriores entonces "careciera tanto de credibilidad como de independencia".
La organización ha defendido que es necesaria una nueva investigación sobre el papel y la responsabilidad del personal militar que ordenó y participó en ataques contra civiles en en punto álgido del conflicto así como de los altos cargos militares y civiles que sabían o deberían haber sabido de tales crímenes pero no hicieron nada y podrían ser responsabilizados penalmente de los mismos.
Por otra parte, dado el papel preponderante asumido por la fuerza policial Liyu en detrimento del Ejército en los últimos diez años en la lucha contra el ONLF y sus simpatizantes, también se debería investigar las ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones y otros actos cometidos contra la población civil en Somalí.
Además, en un informe publicado el pasado julio, HRW documentó las torturas a las que se somete a los prisioneros en Prisión Ogadén, la cárcel central de la región controlada en gran medida por la fuerza Liyu. Antiguos presos han relatado a la ONG torturas y abusos así como falta de acceso a atención médica, a abogados y familiares y en algunos casos incluso a comida. La organización también ha reclamado que se investiguen estos abusos.
INVESTIGAR Y PROCESAR A LOS RESPONSABLES
Según ha recordado HRW, Etiopía tiene la obligación de investigar y procesar a los responsables de crímenes de guerra, incluidos miembros de sus Fuerzas Armadas, y no se puede amnistiar a aquellos que sean hallados culpables de crímenes contra la Humanidad u otros abusos graves de los Derechos Humanos.
"El Gobierno federal no debería barrer debajo de la alfombra abusos de tal magnitud y naturaleza en nombre de la conveniencia política", ha subrayado Burnett. "Ahora es el momento de que la larga implicación y complicidad del Gobierno federal en abusos generalizados en la región de Somalí acabe y comience la rendición de cuentas", ha defendido.
