MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido al Gobierno de Indonesia que investigue la muerte de 33 personas en los últimos incidentes violentos registrados en la localidad de Wamena, en la región indonesia de Papúa, donde al menos 8.000 indígenas e indonesios se han visto obligados a abandonar sus hogares.
"Al menos 33 personas han muerto durante los disturbios en circunstancias desconocidas", ha señalado el director de la organización para Asia, Brad Adams, que ha indicado que "una investigación independiente debe examinar el papel de las fuerzas de seguridad y llevar ante la Justicia a los responsables".
HRW ha instado a la Comisión Nacional sobre Derechos Humanos a abrir una pesquisa sobre las muertes y revisar la política del Gobierno. Según la organización, el Gobierno indonesio debe permitir inmediatamente a la oficina de Derechos Humanos de la ONU que acceda a las provincias de Papúa y Papúa Occidental para investigar la situación.
En agosto, cientos de personas salieron a la calle en una treintena de ciudades de Indonesia a raíz de la represión con gas lacrimógeno contra un grupo de estudiantes papúes en la isla de Java el pasado 17 de agosto. Los jóvenes en cuestión habían reivindicado el derecho de autodeterminación de su región natal durante el Día de la Independencia de Indonesia.
Las protestas se convirtieron en manifestaciones a favor de la independencia, y algunas de ellas tuvieron un trágico desenlace. Al menos diez hombres, incluido un militar indonesio, murieron en agosto en Deiyai y Jayapura.
El Gobierno prohibió las manifestaciones violentas y los discursos que promuevan el separatismo en la región oriental de Papúa y cortó el acceso a Internet entre los días 23 y 29 de septiembre. El 27 de septiembre la Policía Nacional de Indonesia reemplazó al jefe de las fuerzas de seguridad, Rudolf Alberth Rodja, por Paulus Waterpau.
"La situación en Wamena es tensa y aún así es difícil verificar las circunstancias porque ningún periodista puede acceder de forma independiente al área para entrevistar a los testigos", ha aseverado Adams. "Tener supervisores independientes en el terreno ayudará a frenar los abusos tanto de los milicianos como de las fuerzas de seguridad, lo que podría beneficiar a los indonesios", ha afirmado.
Tal y como ha explicado en un comunicado la ONG, las fuerzas de seguridad indonesias han cometido abusos contra la población de Papúa, lo que incluye la detención arbitraria y la tortura. La falta de responsabilidad entre los agentes y el mal funcionamiento del sistema judicial significan que la impunidad es "la norma general para que violan los Derechos Humanos en Papúa".
