MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un gran jurado estadounidense ha imputado 23 cargos a dos trabajadores de British Petroleum (BP) responsables de la supervisión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, cuya explosión supuso el mayor desastre medioambiental de la historia de Estados Unidos, según ha informado el Fiscal General norteamericano, Eric Holder.
De los 23 cargos, 22 de ellos guardan relación con la muerte de once trabajadores de la plataforma, ha explicado Holder, que ha confirmado en rueda de prensa once cargos de "homicidio involuntario" y otros tantos también de homicidio al entender que los imputados, como ocurre con los capitanes de barco, eran responsables de la seguridad de sus subalternos. La última de las imputaciones corresponde a una presunta violación de la ley para la protección del agua.
El gran jurado también ha imputado a un directivo de BP que representó a la compañía durante la respuesta al vertido y supuestamente "ocultó información al Congreso y mintió a autoridades de seguridad", según el Fiscal General, cuyas declaraciones recoge la radiotelevisión pública británica BBC.
Las imputaciones llegan después de que BP haya acordado con el Gobierno norteamericano declararse culpable por el vertido que se produjo en 2010. El Golfo de México sufrió durante 87 días el vertido de una cantidad de petróleo equivalente a 4,9 millones de barriles.
En base a este acuerdo, que debe ser refrendado por la Justicia, BP ha accedido a pagar 4.500 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros) que se sumarán a las decenas de miles de millones ya dedicados a responder al desastre. Los 4.500 millones incluyen una multa de 1.256 millones de dólares, la mayor de la historia judicial norteamericana.
La compañía ya vendió activos valorados en 35.000 millones de dólares para financiar la respuesta al desastre. De este total, 23 millones han servido para pagar los costes de limpieza y responder a las reclamaciones, mientras que mantiene otros 12 millones apartados para posteriores desembolsos.
Holder ha reconocido que la declaración de culpabilidad de BP es "un paso adelante clave", pero ha advertido de que no supone el fin de las investigación penal sobre el vertido. Asimismo, ha recordado que en las conversaciones mantenidas entre la petrolera y el Gobierno no han servido para acordar una cifra "satisfactoria" con la que responder a las demandas civiles.
