NUEVA YORK, 9 Jul. (Reuters/EP) -
Dos de cada tres personas carecen de acceso a la justicia, y las personas esclavizadas y afectadas por la guerra son las más afectadas, según un informe publicado este lunes por Naciones Unidas.
Más de 5.000 millones de personas caen en una "brecha de justicia", incapaces de resolver las controversias en asuntos desde la apropiación de las tierras hasta delitos violentos, según ha señalado una Fuerza de Tarea sobre Justicia, parte de una asociación de miembros de la ONU y grupos civiles.
Proporcionar acceso a la Justicia para todos es uno de los muchos objetivos mundiales ambiciosos, junto con la eliminación del hambre y la desigualdad de género, que los miembros de la ONU se han propuesto alcanzar para el 2030.
Una cumbre de alto nivel sobre el progreso de los objetivos está programada para finales de este mes, cuando se solicitará a los países que aceleren sus planes.
La Fuerza de Tarea elevó a 5.100 millones de personas que carecen de justicia, incluidos más de 1.000 millones sin identidad legal y más de 2.000 millones que trabajan de manera informal sin contratos y protección de la legislación laboral.
Más de 2.000 millones de personas no tienen pruebas legales de sus derechos de vivienda o tierra, más de 40 millones están atrapados en la esclavitud moderna, 12 millones carecen de identidades nacionales y más de 200 millones viven en sociedades sin un estado de derecho.
Además, 1.500 millones de personas tienen un problema que no pueden resolver porque no saben a dónde ir o porque el sistema es costoso o injusto, según el informe.
Como resultado, las personas son vulnerables al abuso y la explotación y se pierden oportunidades económicas. Los crímenes violentos no se denuncian y las disputas que involucran tierras, vecinos o familias no se resuelven. La propiedad puede ser confiscada sin compensación o se puede negar a los miembros de una minoría los servicio públicos.
"Los sistemas de justicia no están funcionando para la gran mayoría de las personas", ha afirmado el jefe de la investigación, Maaike de Langen. "Es un problema en todos los países (...) Hay trabajo por hacer en todas partes", ha añadido.
El coste de satisfacer las necesidades legales básicas sería de 20 dólares por año por persona en países de bajos ingresos, menos que el precio de proporcionar una educación básica o atención médica esencial.
Ganar el acceso libre y justo a la Justicia también sustenta otros objetivos globales y ayuda a sacar a las personas de la pobreza y la lucha, según el informe.
