MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, comunicó el pasado 20 de febrero al Gobierno español que ha decidido archivar una denuncia que se presentó contra España por la supuesta expulsión de menores marroquíes desde Melilla al Reino alauí, según informaron fuentes diplomáticas españolas.
La citada Comisión indicó en su escrito que, tras haber examinado la documentación relativa a este caso con la que España "clarificó" los hechos y ante la constatación de que las autoridades españolas destinan medios para "remediar" la situación en la que viven los menores tanto en Melilla como Ceuta, el grupo de trabajo creado 'ad hoc' para esta denuncia había determinado "dejar de considerar" la misma.
El Ejecutivo socialista envió en diciembre de 2005 su respuesta por escrito a este caso denunciado. Desde Naciones Unidas se han hecho periódicos análisis y estudios sobre la situación de los menores marroquíes que llegan a las ciudades de Ceuta y Melilla y que están expuestos a órdenes de repatriación.
El organismo internacional ha insistido en los últimos años, en línea con lo manifestado por el Defensor del Pueblo, que el Ejecutivo debe facilitar la coordinación entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la Fiscalía, el Ministerio de Salud y Consumo, el Ministerio del Interior, las Consejerías de Bienestar Social de las ciudades autónomas y las fuerzas de seguridad para garantizar que los niños migrantes no acompañados tengan acceso a centros de acogida, educación, servicios de emergencia y otro tipo de atención médica, así como también a documentos de residencia temporal, como estipula la legislación española.
Asimismo, ha pedido en varias ocasiones a los gobiernos de España y Marruecos que se coordinen para garantizar que solamente sean repatriados los niños desde España a Marruecos si son entregados a familiares dispuestos a cuidarlos y capaces de hacerlo, o a un organismo de servicio social apropiado, al tiempo que ha sugerido que las Policías española y marroquí no sean las encargadas de llevar a cabo la repatriación de los niños migrantes no acompañados.
Igualmente, la ONU ha insistido en que los delegados del gobierno español en Ceuta y Melilla deben garantizar que no sea repatriado ni expulsado de España ningún menor a no ser que el delegado haya comprobado que el niño será entregado a familiares dispuestos y capaces de cuidarlo o a un organismo de servicio social apropiado en el país de origen. Antes de proceder a la repatriación, Naciones Unidas ha recomendado que el delegado también compruebe que el regreso del menor no plantea ningún riesgo ni peligro para la seguridad del niño ni de sus familiares. En última instancia, ha reclamado a Marruecos que facilite el regreso al país de los niños no acompañados cuando esto redunde en el interés superior del niño y que aporte recursos para su cuidado y protección, lo cual incluye la designación de un organismo de bienestar social que acoja a los niños no acompañados que hayan sido expulsados de España y que, cuando sea apropiado, los lleve de nuevo donde sus familias.
